La inexperiencia política y el mal asesoramiento de la titular de Empleo, Silvia Amarfil, desencadenó que haya involucrado involuntariamente al ministro de Hacienda, Ricardo Guerra, en la causa por los descuentos a los beneficiarios del programa PIL del municipio capitalino. Luis Carreño, abogado, por Notiriojatv Silvia Amarfi, titular de Empleo, por Notiriojatv Alejandro Cruz Antunez, abogado, por Notiriojatv
Amarfil, impulsada por un sector del bederismo, prestó declaración el lunes ante el juez de Instrucción, Daniel Barría, en el marco de la causa iniciada por la denuncia de los radicales Guillermo Galván y Álvaro Recalde.
Allí detalló cómo se manejan los programas sociales y trató de reafirmar lo que dicen los radicales con respecto a la responsabilidad de la secretaria de Hacienda, Claudia Ortiz. De esa forma, podría salpicar al intendente Ricardo Quintela, hoy alejado políticamente del gobernador Luis Beder Herrera.
Sin embargo, la falta de tacto político y el mal asesoramiento de Amarfil la llevó a poner en el tapete la figura del ministro de Hacienda, un funcionario de perfil bajo, en donde se deben proceder los descuentos, que desde setiembre ya están sucediendo para los beneficiarios PIL, tras el llamado del ministro de Trabajo de la Nación, Carlos Tomada, para que eso sucediera.
En esa declaración, que se extendió por casi tres horas, en donde participaron los abogados de la secretaria de Quintela, Luis Carreño y Alejandro Cruz Antunez, la funcionaria de Beder Herrera habría reconocido que todos los beneficiarios del mismo programa de Chilecito estarían en la misma situación que denunció Galván.
La habilidad de los abogados de la funcionaria quintelismo abrió otra línea en la causa, que hasta ahora solo tiene la denuncia política de los dos radicales. Por ello, el próximo citado sería el mismísimo Guerra.
Si el juez sigue el hilo de las afirmaciones de Amarfil también debería involucrar la situación de los PIL chileciteños y convocar hasta el intendente Lázaro Fonzalida y a todo el gobierno provincial.
Así la avaricia política de un sector del bederismo ha puesto al descubierto el manejo del programa nacional, algo precario, que ya llevó que haya una especial atención del secretario de Empleo de la Nación, Enrique Deibe.
Si va por la normalidad hasta Tomada y Deibe deberían declarar en la causa iniciada por el radicalismo e impulsada por un sector bederista, que ya habría sido desautorizada por la cúpula de la Casa de Gobierno.
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