El diario porteño advirtió que «en La Rioja, no hay coparticipación provincial. Se lo dijo a un cronista de Tiempo Argentino más de una vez el intendente de Famatina, Ismael Bordagaray». Lo hace en la editorial titulada «Impresiones de un santacruceño», firmada por el director Eduardo Anguita, en donde dice que «en el horizonte de los que fugan divisas y esconden dinero en el mercado negro están las grandes multinacionales». 
El revuelo armado los últimos cuatro domingos por Jorge Lanata en sus reiteradas denuncias de corrupción llevó a este cronista a consultar a una fuente muy confiable acerca de la mayoría de los tópicos tratados en Canal 13 y repetidos por cadena privada por infinidad de programas y medios gráficos. Alguien podría pensar que lo ideal sería ponerse a investigar paso a paso cada uno de los escándalos desparramados. Sin embargo, hay una curiosa encerrona en todo esto: serán funcionarios del Poder Judicial (que generosamente se dice «la Justicia») quienes encarguen pericias para tratar de certificar si algunas de las «rutas del dinero» pueden comprobarse. Si hay algo que está en el tapete, además de las denuncias de Lanata, es la falta de credibilidad en el sistema judicial argentino. De modo que es mejor conservar la calma y tratar de avanzar con lo que se tiene a mano.
La fuente en cuestión –que mantendré en reserva– es alguien que conoció muy bien a Néstor Kirchner y que sigue viviendo en Río Gallegos. Se define kirchnerista de Néstor y no peraltista (del gobernador Daniel Peralta). Sin embargo, señala cosas que en esta crónica no pueden ser dejadas de lado. Irán sus comentarios sin entrecomillado porque junto a ellos va la propia visión del cronista. De aquí en más, el cronista recrea con fidelidad y sin concesiones los dichos de la persona consultada. Empecemos por temas de la provincia. Néstor siempre entendió que había que dinamizar la obra pública en la provincia y quitarle el poder tradicional a un grupo de ganaderos. Para eso necesitaba fortalecer el Estado provincial. Cuando asume la gobernación (1991, con Eduardo Arnold como vice) la provincia estaba quebrada y busca financiamiento para desarrollar obras. En Santa Cruz no había empresas fuertes en obra pública, como sucede con las empresas cartelizadas de obra pública a nivel nacional, las que generosamente fueron catalogadas alguna vez como «capitanes de la industria» y que en realidad son un grupo poderoso y que casi siempre operan de la siguiente manera: fijan sobreprecios con los cuales sus directivos hacen un negocio extra y con el resto pagan los tradicionales «retornos», completamente naturalizados para el común de los mortales y también para los peritos contables y de ingeniería convocados por los jueces. Así, en tres décadas de democracia, las páginas de los diarios y los conductores de TV se cansan de dar a conocer negociados que jamás terminan en condenas.
La constructora Gotti fue una de las empresas que comenzaron a crecer desde 1991 en Santa Cruz en ese proceso. Desde ya, por fuera de las grandes (Roggio, Socma, Techint, etc.) cuyos vínculos con el poder central siempre se mantuvieron intactos. El empresario Vittorio Gotti murió en un accidente en 2004 y el mito anti K se lo atribuye a «negocios» con la provincia. La fuente consultada dice que es ridícula esa versión que jamás contó con pericias a favor ni con ninguna causa que prosperara. Eso sí, aclara la fuente, había en la provincia negocios para financiar la política. Podría decirse: nada diferente de lo que sucede en otros distritos y en otras épocas de la Argentina. Siendo indulgentes, podría dárseles cierta épica a los empresarios advenedizos (los que Eduardo Duhalde caratuló como parte del «capitalismo insolente»). Siendo republicanos y queriendo ajustar la democracia a reglas de austeridad y construcción de un futuro confiable: jamás podría dejarse que un recurso de emergencia se convierta en un mecanismo permanente.
Lázaro Báez forma parte de ese entramado de empresarios del Estado provincial. ¿Se podrá saber cuánto hay de cierto en lo que denuncia Lanata? En principio es lícito que un periodista encare contra alguien en particular porque pretenda sumar agua para el molino de Clarín y La Nación, espadas mediáticas de una oposición que, al menos por ahora, no logra configurarse como alternativa. Lo de Lanata es tan lícito como lo que hacen los peritos y los jueces con la obra pública: mantener en la opinión pública la idea de que todo es un negocio. La diferencia es que el género más buscado en la televisión es el escándalo. Y, esta vez, el escándalo está metido en el medio de la credibilidad política del gobierno de Cristina y con la imagen de Néstor. Unos millones quieren creerle a Lanata –que no se presentará a elecciones– y otros quieren creerle a Cristina –que lidera el sector político identificado con los sectores populares y preside el país–.
El principal desbalance informativo proviene de una tradición política que esta etapa de la Argentina descuidó de modo brutal. Concretamente en estas tres décadas salieron del circuito legal millones de dólares (más de 200 mil millones) y no hay siquiera un organismo público que haya tomado esto como un tema clave del futuro del país. Sobre esa base, una denuncia que involucra el dinero medido en kilos y con testimonios de personas que estuvieron muy cerca de Néstor se armó una espiral feroz. Supongamos que algunos de los denunciados hayan llevado algunos kilos de dólares en aviones chicos a paraísos fiscales. Pongamos 50 millones de dólares. Pongamos 200 millones. Esto último es la milésima parte de lo que se denuncia. La verdad es que la función pública no puede ejercerse sabiendo que es la Argentina la que tiene guardada un muerto en el ropero.
Para la persona consultada, tienen escasa relevancia los testimonios de Miriam Quiroga (la santacruceña que el domingo apareció en Canal 13 desparramando por primera vez infinidad de acusaciones). Tampoco lo tiene Eduardo Arnold que fue vice de Néstor y que firmaba muchas contrataciones que ahora aparecen como vidriosas. Tampoco lo tiene el diputado Eduardo Costa, quien también se enriqueció de modo formidable en estos 20 años, al igual que Lázaro Báez. El gran problema que ve este cronista es que muchos hablarán por despecho pero corroen la credibilidad. Eso no se puede entregar porque cuesta reconstruirla más que una campaña electoral.
Respecto de la provincia de Santa Cruz, hay cosas duras. Una pileta hecha en Río Gallegos por el Estado Nacional cuesta el doble que una pileta similar hecha en Los Antiguos y encarada por el Estado provincial. En una provincia donde hace un año y medio la Legislatura no puede votar una ley para gravar las propiedades inmobiliarias de las empresas mineras que, dicho sea de paso, pagan bajísimas regalías. Ese impuesto serviría para mejorar las arcas provinciales. Es sabido, pese a que Santa Cruz no es una provincia con alto endeudamiento, la Nación no le envía fondos al gobernador Daniel Peralta. Peralta era sindicalista, estuvo al frente de la CGT local y hace pocos días recibió la visita de Hugo Moyano, quien lo invitó a sumarse a la lista de figuras anti K que el 1 de mayo se lanzaron no se sabe a qué en Córdoba. Peralta le dijo: no gracias, Hugo. Es decir, todavía espera arreglar las cosas con la Nación. Según la persona consultada, el mismo Néstor respaldó a Peralta como quien podía seguir al frente de la provincia. Fue el 8 de octubre de 2010, en un acto en Río Gallegos. Un año después, fue el candidato a gobernador de todo el arco K provincial. Ganó el 23 de octubre de 2011 y cuatro días después, en el primer aniversario de la muerte de Néstor, empezó la pelea de parte del kirchnerismo con el gobernador.
Esto no es algo raro en la Argentina. En La Rioja, no hay coparticipación provincial. Se lo dijo a este cronista más de una vez el intendente de Famatina, Ismael Bordagaray. Las minas de oro de Famatina fueron el primer intento de Bernardino Rivadavia de inmiscuir a Buenos Aires con un bien de aquella provincia. El tema es que, pasadas las décadas, los recursos mineros, gasíferos y petrolíferos fueron recursos de la Nación, coparticipados con las provincias. Y la Constitución de 1994 de un plumazo hizo retroceder esto a niveles imposibles de dejar de lado. Tan imposibles como los miles de millones de dólares fugados. O, mejor dicho, que mucho tienen que ver con esos dólares que escapan del circuito legal. En 1994, esa Constitución que fue la frutilla del postre del Pacto de Olivos, sirvió a las grandes mineras canadienses para lograr los mismos esquemas legales que en otros países (Perú, Ecuador, Bolivia) y fue la base para que YPF terminara siendo un engendro privado. Hasta que no se redefina el vínculo entre Nación y provincias no se va a poder terminar con caudillejos políticos que están encumbrados en provincias pobres o empobrecidas. O como le pasa al intendente de Famatina, que el gobernador riojano Luis Beder Herrera lo trate –como lo trató hace poco- de «maricón» y se permita no mandarle recursos provinciales (básicamente son las regalías mineras los ingresos provinciales) nada menos que a un intendente que también es kirchnerista pero que no está de acuerdo con la política del kirchnerismo hacia la minería.
Las preguntas que le quedan a este cronista –y que lo llevan a abordar estos temas sin información minuciosa sobre las denuncias en cuestión– tienen que ver con si es bueno o no callarse frente a denuncias que tienen verosimilitud, pero que difícilmente prosperen en su etapa judicial. En ese sentido, para quien escribe, es posible que una parte de la sociedad esté envalentonada para pelearle al kirchnerismo. Tal vez agarrada de aspectos que dejan flancos débiles. Tal vez porque el neoliberalismo está en la identidad de buena parte de los argentinos. Pero lo que no debería desdeñarse es que para una parte sustantiva de quienes tienen convicciones populares en su identidad no hay lugar para congraciarse con la fuga masiva de dólares ni con los beneficios generosos para las multinacionales.
En su último tomo de Mitos (el quinto), Felipe Pigna, rescata una entrevista hecha por Rodolfo Walsh a Arturo Frondizi no bien ganaba las elecciones de 1958 gracias a los votos del peronismo proscripto. Walsh, en medio de la gente, alcanzó a hacerle algunas preguntas. Una fue: «¿Con qué Constitución va a gobernar?» Era central la pregunta. Los frondicistas (la UCRI) habían abandonado la bochornosa Convención Constituyente convocada por la dictadura de Aramburu, Rojas y una serie de partidos políticos antidemocráticos. Esa convención tenía como único objetivo derogar la Constitución del ’49. La que había fraguado el peronismo en el poder. Frondizi contestó: con la de 1953. Se sabe, cedió a las presiones, a los intereses de las multinacionales y de los golpistas más decadentes. Terminó preso en Martín García. Queda pendiente para este siglo XXI con qué Constitución nos vamos a regir. La de 1994 es quizá un muerto que todos tenemos en el ropero. Sirvió para darle forma al Pacto de Olivos y articular los intereses de las mineras y las petroleras privadas. En el horizonte de los que fugan divisas y esconden dinero en el mercado negro están las grandes multinacionales.
Al amparo de los paraísos fiscales circula un tercio de los dineros del mundo, buena parte de los cuales tiene su origen –y se blanquean allí, incorporándose al circuito regular– en las peores lacras del mundo moderno: la corrupción pública y privada, la evasión fiscal, el tráfico de armas y drogas o el terrorismo. Los investigadores de dinero sucio sostienen que el 45% de esa gigantesca suma es consecuencia de la evasión fiscal, el 40% proviene del crimen organizado, el tráfico de armas y las actividades terroristas en sentido amplio y el 15% restante del enriquecimiento ilícito y la corrupción del sector público.
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