Consideró que la declaración de “caducidad” de los concursos, dispuesta hoy por la Cámara de Diputados para cubrir vacantes en diferentes circunscripciones judiciales, “encierra una oscura maniobra que pone en evidencia la descomposición interna del bederismo”.
La diputada nacional Inés Brizuela y Doria criticó duramente la decisión de la Cámara de Diputados de La Rioja, quien este jueves “escudándose en el “supuesto” vencimiento del plazo previsto en el artículo 154 de la constitución provincial, declara la caducidad de los concursos N° 45 a 54 para cubrir vacantes en la Función Judicial».
“Esto evidencia la descomposición interna del bederismo, ya no confían ni en ellos mismos teniendo en cuenta que tienen amplia y holgada mayoría en el Consejo de la Magistratura”, arremetió la legisladora nacional.
Aclaró que los plazos previstos en el artículo 154 de la carta magna provincial no son perentorios, sino “ordenatorios”, y “ello fue planteado y expuesto en los debates de la Convención Constituyente por el mismo oficialismo. Si el plazo fuera perentorio, la misma norma constitucional habría establecido una sanción para el supuesto de incumplimiento, y muy por el contrario, la CP no establece ninguna consecuencia por el incumplimiento del plazo de 120 días contenido en el artículo citado!.
Explicó que la “caducidad” dispuesta equivale, en los hechos, a declarar la nulidad del concurso, “una nulidad por la nulidad misma, ya que no se ha objetado el procedimiento del concurso en sí, el cual aparentemente se ha desarrollado dentro del margen de la ley”.
Gravedad institucional
Para Brizuela y Doria, la decisión “inconstitucional a todas luces” adoptada por la Cámara de Diputados, “genera una situación de gravedad institucional extrema, máxime teniendo en cuenta que existen derechos adquiridos por los aspirantes a jueces, ya que tal como lo prescribe el artículo 105 inciso 15 de la CP, pasados 30 días de ingresados los pliegos a la Cámara si ésta no se hubiera expedido, se entiende otorgado el acuerdo para los respectivos nombramientos”.
Consideró que no se puede permitir “que bajo perversas maniobras se siga jugando con una de las funciones esenciales del Estado como es la de impartir justicia”.
Acusó al gobierno de Herrera de “dedicarse a manosear las instituciones de la República, manejando todo conforme mezquinos intereses políticos, y en sus pujas de poder interno arrastran a la sociedad en su conjunto, que sufre las consecuencias de un Poder Judicial adicto al Poder Político”.
Finalmente, calificándolos de “violadores seriales de la constitución y las leyes”, dijo que el gobernador y sus diputados “deben entender que la Constitución y la ley están para ser cumplidas, siempre, no para acomodar los términos a sus caprichos o conveniencia, porque son la única garantía de libertad e igualdad para todos los habitantes de la Provincia”.
