La Cámara de Diputados de La Rioja declaró, por mayoría, la caducidad de los concursos para cubrir cargos de jueces, tras el proceso realizado por el Consejo de la Magistratura, lo cual generó polémica en la provincia y la oposición acusó al oficialismo de violar sistemáticamente la constitución y las leyes.
Los legisladores que responden al gobernador Luis Herrera aprobaron la caducidad de concursos arguyendo que la presentación de la nómina de postulantes excede los plazos constitucionales, pero el Consejo negó esa acusación y sostuvo que la Legislatura no sesiona desde hace 30 días por la campaña electoral.
Voces críticas se levantaron desde dentro y fuera del peronismo, con advertencias sobre objetivos políticos que en definitiva impiden la independencia judicial.
Oscar Chamía, legislador oficialista, enfrentó las críticas al sostener que «no pueden obligarnos a violar la Constitución. Entendemos que se vencieron los plazos».
La diputada radical Judith Díaz Bazán, integrante del consejo de la Magistratura, dijo que «los plazos constitucionales son meramente ordenatorios y no perentorios», pero que por otro lado se habían cumplido.
E indicó que la decisión de la mayoría, que responde al gobernador Herrera, «es política y deja por el suelo las esperanzas de creer en una justicia independiente».
El consejo de la magistratura, en bloque, desmintió a la mayoría legislativa.
Hasta representantes del oficialismo se mostraron en desacuerdo, como el diputado Jorge Basso, quien señaló que «los concursantes ya tienen el derecho de ser elegidos, pero quedan fuera por una circunstancia ajena a ellos» y su desempeño en los concursos.
La diputada nacional Inés Brizuela y Doria (UCR) advirtió que la decisión «encierra una oscura maniobra que pone en evidencia la descomposición interna del bederismo».
«Ya no confían ni en ellos mismos teniendo en cuenta que tienen amplia y holgada mayoría en el Consejo de la Magistratura», acotó.
La legisladora acusó al gobierno de Herrera por «dedicarse a manosear las instituciones de la República, manejando todo conforme mezquinos intereses políticos y en sus pujas de poder interno arrastran a la sociedad, que sufre las consecuencias de un poder judicial adicto».
Y los calificó de «violadores seriales de la constitución y las leyes».
Uno de los concursantes afectados, el abogado José Chumbita, adelantó que iniciará acciones judiciales dado que este recambio de jueces era un reclamo sostenido luego de que varios decidieran jubilarse.
