La Fiscalía promovió acción penal contra el ex administrador de la SAPEM Agroandina, el dirigente radical José Luis Bellia.
Lo hizo ante el juzgado de instrucción Nº 1 con asiento en Chilecito, sede de la firma, por los presuntos delitos de “otorgamiento de actos irregulares o indebidos, balance falso, fraude en perjuicio de la Administración Pública, administración fraudulenta y falsedad documental”, surgidos de una auditoría previa hecha por el gobierno provincial.
También la justicia solicitó la “inhibición general de bienes del imputado, expresamente referido a siete inmuebles en particular, por los cuales se habría presentado una minuta de ventas”. Los bienes estarían registrados en la Capital provincial.
Mientras tanto, la subsecretaria de Empleo, Silvia Amarfil, afirmó que los dirigentes del radicalismo, “cuando se los investiga, se ponen nerviosos”, al hacer referencia a las declaraciones de la diputada electa y titular del radicalismo capitalino Marta de León y la vicepresidenta Karina Maldonado, quienes habían cuestionado las denuncias hechas públicas por el gobernador Beder Herrera por administración fraudulenta de Agroandina SAPEM cuando estaba a cargo del dirigente radical José Luis Bellia.
“Me llama poderosamente la atención que Marta de León se ponga tan nerviosa cuando se investiga a fondo una gestión”, señaló la funcionaria, haciendo referencia a la situación que se atraviesa en Agroandina, “donde estuvo al frente un correligionario de ella”, indicó.
Así también, apuntó a cuestionar “la incoherencia” de las declaraciones, teniendo en cuenta que “siempre se arrogan la transparencia y se pasan haciendo denuncias mediáticas sobre las SAPEM, pero cuando el Gobierno encara seriamente una auditoría se ponen nerviosos”.
Las declaraciones de la subsecretaria fueron realizadas en el marco de una reunión de trabajo con los directores de área de Empleo, quienes plantearon la falta de respeto a la investidura del gobernador en las manifestaciones públicas de la dirigente radical, acción que habla a las claras que “están fallando en su nivel educativo, requisito indispensable para la vida en democracia”.
