El fiscal de Estado de la provincia, Gastón Mercado Luna, involucró este martes a la cooperativa La Riojana en la causa que se investiga la presunta malversación de fondos en la empresa estatal Agroandina SAPEM de la ciudad de Chilecito.
A través de un comunicado de prensa del gobierno, Mercado Luna puso de relieves que se investigará cómo la Cooperativa La Riojana le vendió a Agroandina 700 mil pesos en botellas de vidrio para envasar tomates y esa cooperativa no produce tomates sino vinos.
Al respecto, el fiscal sostuvo que “pedí que se investigue eso, como también préstamos a determinadas personas, como los hermanos Reinoso, a quienes se les prestó 180 mil pesos para comprar un camión a devolver con fletes, los que no están siquiera registrados, entre otros casos”.
El fiscal, que se presentó como querellante en la causa, indicó que en su presentación ante la justicia, en el día de ayer, el secretario de Hacienda Manuel Fuentes Oro –en su carácter de controlador general de la Unidad de Control Interno (UCI) que elaboró el informe de auditoría, realizó un análisis técnico sobre aspectos contables de una sociedad anónima con participación estatal mayoritaria, en el que se encuentra con irregularidades en lo que tiene que ver con el manejo administrativo, que se convierten en la base de la denuncia y resaltó que se ratificó todo lo actuado.
“Sigue en firme lo que se detectó, es una prueba que está en los hechos, en los libros, en los cheques, en las operaciones y no en lo que digan los testigos, no se trata de dichos, sino de pruebas de documentación que tiene que llevar una sociedad en el marco de la ley de sociedades comerciales y el Juez deberá merituar estas pruebas”, afirmó.
Mercado Luna precisó, respecto al manejo de dinero con entidades financieras, que no es problema que cualquier empresa con ganancias, con excedentes lo haga, mientras esté autorizada por un directorio, se lo asiente en el libro, se informe a la Asamblea de socios que tiene un beneficio y quiere capitalizarlo en una operación financiera.
“En este caso se realiza una operación financiera, pero el Directorio no lo tenía aprobado, en los libros no figura como operación financiera, y los retiros que se hacían, casi mensualmente, de las ganancias que generaban esos depósitos, no eran informados a ningún área. La operatoria es normal, pero ir al mercado negro es ilegal”, remarcó.
El Fiscal puntualizó que la mutual prestaba servicios financieros, pero la única mención que se hacía en los libros era un ítem que decía pago a proveedores, que no fue detectado en un comienzo porque la mutual tenía la misma denominación que una empresa proveedora de Agroandina con domicilio en Buenos Aires, “por lo que se generó una confusión y no se le prestó atención porque se creyó que se trataba de esta proveedora de insumos agropecuarios”.
De una lista de 70 proveedores no llamaba la atención, hasta que se descubre esta mutual, en la que también trabaja gente de CARPA, ahí sacaban préstamos los empleados de Agroandina, señaló y agregó que ahí se establece que eso no era correcto, “una mutual no puede figurar como pago o adelanto a proveedores, porque se trata de servicios financieros y desde allí se van conociendo los detalles”.
Para el Fiscal, este tipo de operaciones debe ser legal, transparente, estar informadas en los libros, dar detalles de los montos, “esa cuenta llegó a tener casi 3 millones de pesos, se extraían 150 mil pesos mensuales en promedio a nombre de Bellia y Artola, que son datos que se aportarán en los próximos días, que tampoco eran registrados y se encuentran en movimientos bancarios de la mutual”.
La defensa apunta a basar su estrategia en que “el Gobernador quiere meter preso a un radical” y que también “negocia con Agroandina”. “Acá lo que hay que saber es que la empresa estaba conformada por una sola persona, no estaba conformado el directorio, tenía una doble responsabilidad. Es incompatible también cuando Bellia vendía el tomate de su empresa particular y él mismo se vendía el producto y se ponía dentro de los primeros 5 productores que van a cobrar. No se inhibió como debió haber hecho”, manifestó.
Por otra parte, sostuvo que no se trata de demostrar dónde están los 4,5 millones de pesos, porque no es el punto, “sino que yo veo que falta esa cantidad de dinero, no tengo porqué decir dónde están. Vengo a ver libros y surge esa diferencia, no se dice que alguien los tiene en el bolsillo, sino que el responsable debe justificar dónde están”.
Una empresa que manejó 120 millones de pesos de inversión para ponerse en marcha no puede dejar de tener como mínimo el libro diario, para evitar desmanejos, y si de ahí resultan delitos, debe investigarse la posible comisión de delitos. “Los libros no están en la empresa, los tienen los contadores que estaban en la empresa en ese momento y deben traerlos, que no esperen a que se los pidamos por oficio porque también van a tener que declarar”, indicó.
“No están los libros de reuniones de directorios, de balances, se los requirió y no se los envía, eso es lo que denunciamos, lo que el Juez debe investigar y determinar si fue por irresponsabilidad o irregularidad dolosa”, precisó.
Por último resaltó que se trata de politizar una causa que debe manejar el Juez y con las pruebas en la mano.
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