Se conoció que el Ministerio de Educación de la Provincia, a través de su área Legal y Técnica, fue el que presentó una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, por el delito de obstrucción del ingreso al edificio del Profesorado Castro Barros, ubicado sobre calle Copiapó. El juez Barría, basándose en esta presentación, ordenó la actuación de la Policía que terminó en el desalojo de los estudiantes.
Lo sorpresivo es que a pocas horas de haberse producido el despeje, con momentos de gran tensión, empujones, forcejeos e insultos, el Ministerio de Educación emitió un comunicado de prensa anunciando que “a partir de mañana (por jueves) la actividad áulica será normal”. Se citan declaraciones del ministro Walter Flores señalando que “se van a dictar las materias correspondientes de los diferentes años de las distintas carreras que se dictan en la institución”.
En la comunicación oficial se plasma que Flores afirmó que la medida (presentación judicial) “se ha tomado en función de varios pedidos que recibimos de los propios docentes y alumnos que veían obstaculizado su derecho a enseñar y aprender, teniendo en cuenta que si no podían cursar corrían el riesgo de perder el cuatrimestre”. Agregó el funcionario que “se ha tratado de preservar el estado de derecho, fundamentalmente lo que significa el derecho de enseñar y aprender que algunos ciudadanos, en supuesto uso de otros derechos, obstaculizaron con impedir el ingreso a una institución educativa”.



