Lucía Ávila se ganó el odio del gobernador Luis Beder Herrera y del kirchnerismo de La Rioja por ser una de las cabezas de la oposición a la minería a cielo a abierto en el nevado de Famatina, en el extremo norte de la provincia. Ese conflicto le dio visibilidad y le permitió llegar a la legislatura provincial de la mano de la Fuerza Cívica Riojana, una coalición que nuclea a radicales, peronistas disidentes e independientes. «Ahora vienen por mi banca», denunció ayer, luego de que la acusaran de «morder en los brazos a tres mujeres policías».
Todo comenzó en otro de los conflictos emblemáticos que tiene la gestión de Beder Herrera y sobre el que el miércoles finalmente hubo un acuerdo. Cansados de las pésimas condiciones edilicias en las que estudiaban, un grupo de alumnos del Profesorado Castro Barros exigían la vuelta a su edificio histórico, hoy convertido en un centro comercial y cultural. Primero realizaron un acampe frente al Paseo Cultural, de donde fueron desalojados. También impidieron el acceso al nuevo edificio. Esta última medida terminó con 15 heridos durante una feroz represión. Según una policía, ese día Ávila se defendió con los dientes.
«Quedé bajo sospecha porque salieron a instalar una gran mentira. Como ella (por la policía que hizo la denuncia) no pudo comprobar la agresión de tipo física, comenzó a decir que la agresión fue de forma oral», analizó Ávila en una conferencia de prensa, en la que ofreció que periten su dentadura.
Al mismo tiempo, señaló que su actuación ese día fue «para evitar que se agrediera a los chicos» y aseguró que «una profesora se hizo cargo del hecho», aunque prefirió no dar su nombre. «Me solidarizo con ella y con las mujeres golpeadas», sostuvo.
Ávila apuntó sus respuestas contra cuatro diputados que identificó con nombre y apellido: Cristina Saúl, Pedro Carbel, Adriana Olima y Enrique Nicolini, a quienes les exigió «disculpas públicas» por divulgar la denuncia. Según la legisladora, su objetivo es «acallar voces disidentes».
El kirchnerismo riojano tiene 32 de las 36 bancas en la legislatura provincial –dos de ellas, vacantes–, pero está dividido.Todos los diputados que denunció Ávila pertenecen al llamado «Bloque Justicialista». El otro, el «Juan Perón», rechazó la maniobra, porque ni las fotos ni los videos de ese día muestran a Ávila mordiendo a la policía.
El legislador Carbel consideró que el hecho está probado y sugestivamente recordó que la Constitución provincial prevé la aplicación de sanciones para los diputados que presenten «desorden de conducta», entre ellas, la exclusión del cuerpo.
Incluso, en su afán de buscar argumentos, insólitamente dijo que por ser Ávila una mujer «tiene que ser más respetuosa y tener un cierto grado de honorabilidad». A los hombres, al parecer, no les exige lo mismo.
Debe estar conectado para enviar un comentario.