Al iniciarse la sesión de hoy en la Legislatura , ante la propuesta de la diputada Salinas de declarar de Interés Público los actos que se llevarán a cabo en conmemoración del Cabildo Abierto Peronista del 22 de agosto, la diputada Lucia Ávila, expresó que “para hacer honor a su filosofía debería antes que nada no tener políticas de discriminación para con los trabajadores, pues mientras todos los empleados del Estado están pidiendo el blanqueo de las cifras en negro de sus respectivos salarios, solo los Agentes Tribunal de Cuentas, se beneficiaron con el 100 por ciento de los ítems en negro que pasaron a formar parte del básico, a través de la Resolución N° 86/14 del 16 de junio del presente año.”
Al momento de abordarse el Proyecto, estableciendo la obligatoriedad en todos los ámbitos de la Provincia, de la leyenda “Trata de personas es esclavitud”, en espacios públicos y privado, Ávila acompañó la iniciativa oficialista al destacar “que sería fundamental que dicha leyenda se coloque frente a los diputados que sancionaron la ley de wisqueria, N° 8.166, que creó las condiciones para la profundización de la problemática”.
Destaco además que “Sobre todo en la vivienda del Gobernador pues dicha ley, surge como iniciativa del Poder Ejecutivo”.
El Bloque La vida no se negocia, acompañó además el pedido de respeto del reglamento planteado por la diputada Inés Brizuela y Doria, Marta de León y Walter Cruz.
Con referencia al pedido de informe al Ministro de Seguridad y Derechos Humanos como así también al Tribunal Superior de Justicia, para que se esclarezca el caso donde estaría involucrado Luciano Herrera, hijo del gobernador, Lucia Ávila expresó que ante la gravedad que significa el hecho que ocasiona una peligrosa lesión al sistema institucional, pidió tratamiento sobre tablas, fundando tal pedido en la urgencia y la seriedad con que debe ser esclarecido el hecho en cuestión.
Pedido que fue rechazado por el oficialismo, por lo que se pidió el pase a comisión.
El pedido de informe presentado por la diputada del bloque La vida no se negocia, hacía referencia a la necesidad que se investiguen los registros de imágenes almacenados en la cámara de vigilancia de la Residencia del gobernador, como así también que se informe el tipo de peritaje que se aplicó cuando el hecho comenzó a ser de dominio público.
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