El abogado defensor del ex titular de Agro Andina, José Luis Bellia, el doctor Raúl Galván explicó a Radio Viva que esta solicitud está basada en pruebas y testimonios que indican que el gobernador realizó negocios a nombre del Estado, con otras empresas que tienen participación estatal mayoritaria. Además, fue denunciado por malversación de caudales públicos y de acciones incompatibles con la función pública.
Según lo explicó el abogado, hace más o menos un año, el gobernador de la provincia instruyó al fiscal de Estado, Gastón Mercado Luna y al secretario de la gobernación, el doctor Alberto Paredes Urquiza para que formularan una grave denuncia en contra de José Luis Bellia y la contadora Astorga. Esto se canalizó a través de los fiscales, el fiscal local promovió acciones, acusándolo a Bellia por delitos contra la Administración Pública y conductas infieles de acuerdo al artículo301 del código penal.
Esta denuncia arribó al procesamiento de Bellia y Astorga, procesamiento que está apelado en la Cámara del Crimen de Chilecito.
«Cumpliendo con el deber que impone el código de procedimientos, el artículo 183 dice que todo ciudadano que tenga conocimiento de hechos presuntamente delictivos tiene la obligación de denunciarlo ante el fiscal o la policía y hoy formalizamos una denuncia ante el fiscal, el doctor Torres para que investigue presuntos hechos delictivos de la misma naturaleza y más grave aún, de los que fue procesado el ingeniero Bellia» explicó el letrado.
En este sentido, Galván manifestó que la empresa Agropecuaria Riojana, propiedad del gobernador mantuvo negocios con Agro Andina, siendo él el titular del 99% de las acciones y siendo además el titular de la Administración Pública de la provincia de acuerdo al artículo 118 de la constitución.
Por otro lado, los testimonios que fueron citados dicen que el gobernador hizo trabajos en su finca de Anguinán con maquinarias y servicios de una empresa hortícola riojana, donde él es el titular, con el 99% de las acciones como gobernador de la provincia. «A nuestro juicio y es lo que debe investigar el fiscal, el gobernador está en curso de violar la ley de ética público, también los delitos de malversación de caudales públicos y de acciones incompatibles con la función pública que está sancionado severamente por el Código Penal» indicó el abogado.
Una vez que se investiguen los hechos denunciados, las pruebas se remiten al juez de instrucción, el cual deberá recolectar información y si cree que hay motivos suficientes, tiene la obligación de solicitar el juicio político al gobernador, dirigiéndose al presidente de la Cámara de Diputados.
