La Corte Suprema de Justicia retomó ayer las resoluciones de alta densidad política que definirán el último tramo del año en el máximo tribunal. Asuntos referidos a la coparticipación, reclamos ante la ANSES y la espera de una definición de las cosas juzgadas (tema espinoso para protagonistas de expedientes en Comodoro Py) animaron un acuerdo ajetreado que incluyó reflexiones por parte de los ministros cuyo significado toma distancia de las tensiones que por estos días sacuden la arena política ante la inminencia de una vocalía vacía en el cuarto piso del Palacio de Tribunales.
El fallo en el cual la Corte le requiere al Gobierno de La Rioja que fije un régimen de coparticipación -hoy inexistente- con los municipios de dicha provincia (ver nota en Ámbito Nacional) no es azaroso y tiene implicaciones muy sensibles. Fue elaborado casi enteramente en la vocalía de Ricardo Lorenzetti y pone en tela de juicio el reparto discrecional de fondos que por ley deberían ser coparticipables. Es además una avanzada contundente sobre las omisiones del poder político que, a nivel judicial, siempre representan un desafío mayor que los avances: una ley del Congreso puede superar límites, pero las omisiones, como en este caso, son más difusas.
Más allá de los giros intelectuales, es un fallo que debe entenderse desde la política y que encuentra consonancia con los múltiples reclamos de los estados provinciales al Ejecutivo por los fondos coparticipables y que además aparece luego de una consulta sigilosa en el cuarto piso por parte de un gobernador de sello peronista. El fallo lo firmaron todos los ministros con la excepción de Raúl Zaffaroni.
Por otra parte, la Corte ayer le requirió a la Casación Penal federal que se aboque a un planteo relacionado con un directivo alemán de la multinacional Siemens, procesado por presunto pago de sobornos para obtener un contrato para la renovación de documentos de identidad durante la administración de Carlos Menem. La orden está dirigida a la Sala III que rechazó, sin trámite, el recurso presentado por la defensa de Ralph Matthias Kleinhempel, que sostiene que, por los mismos hechos, ya fue juzgado y sobreseído en Alemania.
El debate sobre la cosa juzgada reaparece en el máximo tribunal como un mensaje sutil hacia las intenciones reformistas del kirchnerismo. La reforma Procesal Penal establece en uno de sus artículos que cuando una causa tiene final favorable para el imputado -un sobreseimiento- el caso ya no es sensible de nuevas revisiones, que es, debe decirse, el espíritu original del instituto de la cosa juzgada.
Ahora, la Corte le requiere una opinión sobre el tema a una sala cuyos vocales titulares son Liliana Catucci y Eduardo Riggi, jueces distantes al oficialismo, pero cercanos a la teoría original (por algo primero pidieron no revisar el caso del ejecutivo de Siemens). La resolución generará mayores emociones por la presencia que ha adquirido en las últimas semanas en diversos ámbitos decisivos el texto más reciente de Federico Morgenstern en el cual se propone que cuando los procesos están viciados o pueden ser fraudulentos, son sensibles de nuevas revisiones. O sea, el texto invierte la tesis original que ahora vendría a ser contraria al imputado. El libro de Morgentern, buen predicamento en los bloques opositores y las aspiraciones revisionistas que allí abundan en materia de causas penales.
Desde el Gobierno responderán, como ocurre con otros elementos de la reforma hacia el sistema acusatorio, con un discurso cuyo eje suele ser demandado por la oposición. Dirán que la cosa juzgada es uno de los pilares de la seguridad jurídica, expresión acuñada en diversos discursos y de una vigencia absoluta en las alocuciones del presidente de la Corte, especialmente en su última presentación ante los hombres de negocios.
En otra rúbrica la Corte habilitó a los jubilados a exigir un reajuste en los adicionales de sus haberes. El tribunal explicó que «la jubilación está compuesta por tres componentes: la Prestación Compensatoria, la Prestación Adicional por Permanencia y la Prestación Básica Universal». La Corte ya había establecido la «recomposición» de los dos primeros componentes, pero quedaba pendiente la Prestación Básica Universal, que debía analizarse caso por caso.
Firmaron Lorenzetti, Fayt,
Maqueda y Zaffaroni. La resolución reconoce a los jubilados que en la etapa de ejecución de la sentencia, es decir cuando el juicio está concluido y sólo resta definir el monto del reajuste, los integrantes de la clase pasiva puedan plantear el ajuste adicional. Un fallo hostil para la ANSES y que se enmarca en una disputa que ya no sólo tiene el origen en las resoluciones de la Corte sino en las demoras que aparecen, cada vez con más frecuencia, para tramitar las jubilaciones de los jueces. Cientos de estos pedidos están sin resolver.
No dejaron de recordar ayer los justices que es inminente la circulación en la Corte de la causa en la cual se le reclama al Gobierno que exhiba el contrato de YPF con la petrolera Chevron.
En los últimos dos meses, el tribunal consolidó el derecho al acceso a la información y lo hizo a partir de reclamos que tienen por contexto causas estruendosas como la trama Ciccone o la construcción de represas. Decisiones de gran consenso interno en el tribunal y que les quitan suspenso a un fallo más sensible por lo que representa por lo que verdaderamente se quiere conocer.
