La Cámara Nacional electoral obligó a todos los jueces electorales nacionales del país a que hagan cesar o inutilicen las campañas proselitistas anticipadas de los precandidatos a presidente en cada una de las provincias. Para cumplir la resolución, la Cámara permite el uso de la fuerza pública.
La orden de la justicia se fundamenta en la ley 26.571 (Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral) que establece que la campaña política debe empezar una mes antes de las elecciones. No obstante, la resolución de la Cámara no quedó ahí, ya que también requiere a los magistrados de las distintas provincias que ordenen la apertura de causas «para determinar las responsabilidades penales» de los candidatos que incumplan la ley de campaña.
La decisión también impacta en las provincias se puede observar afiches y pasacalles con los rostros de los principales precandidatos del oficialismo y de la oposición nacional que se postulan para presidente. Con la orden de la Cámara Nacional, la Justicia electoral nacional local deberá comenzar un procedimiento para sacar todas esas publicaciones o «inutilizarlas» a través de una franja que diga «publicidad en infracción. Justicia nacional electoral».
Ante la invasión de avisos de campaña en todo el país y de parte de todos los precandidatos, durante la semana pasada la Cámara nacional electoral compuesta por los jueces Santiago Corcuera, Alberto Dalla Vía y Rodolfo Munné decidió dar un corte a la infracción de las leyes. En ese sentido, emitió una acordada donde obliga a los jueces electorales federales de todo el país «a hacer cesar o inutilizar con la colocación de una faja que indique ´Publicidad en infracción. Justicia Nacional Electoral´ la publicación de anuncios fuera de plazo dirigidos a captar la voluntad política del electorado para las próximas elecciones primarias de candidaturas nacionales, para lo cual requerirán el auxilio de la fuerza pública».
Así también, la Cámara requirió a los magistrados de las distintas provincias que en el caso de que sea necesario ordenen la apertura de causas «para determinar las responsabilidades penales» de los candidatos que incumplan la ley que rige las campañas políticas.
Por otra parte, la resolución de los jueces instó a los candidatos a realizar una declaración de aportes y gastos anticipada. A partir de esta acordada, los precandidatos deberán presentar sus ingresos y egresos de campaña debidamente justificados. Además de completar un formulario especial llamado «Declaración de fondos para la promoción de figura política».
De acuerdo con un informe publicado por La Nación, los jueces consideran que la publicidad fuera de plazo no solo implica un factor de desigualdad entre quienes participarán de la elección, sino que también conlleva «un alto grado de opacidad respecto de la identidad de las fuentes de financiamiento en la medida en que no se declare, para conocimiento público, quienes aportan los recursos económicos -en dinero o en especie- con los que se financia la promoción de dichos postulantes ni qué cantidades se destinan a ese objeto».
En la acordada, los jueces también advierten a las agencias de publicidad sobre la prohibición de las campañas anticipadas. «Es necesario exhortar a las agencias y empresas de publicidad en vía pública, por intermedio de las asociaciones profesionales que las agrupan, a hacer cesar la difusión de avisos que desconozcan las restricciones establecidas en la ley de partidos políticos, así como recordar la absoluta prohibición de difundir nuevos avisos fuera de los plazos que establece la ley», advirtieron Corcuera, Dalla Vía y Munné.
Prohibición
La ley 26.571 (Ley de democratización de la representación política, la transparencia y la equidad electoral) establece en su artículo 31 que «la campaña electoral de las elecciones primarias se inicia treinta días antes de la fecha de los comicios». Además, señala que «la publicidad electoral audiovisual puede realizarse desde los veinte días anteriores a la fecha de las elecciones primarias». Y que, en ambos casos, la campaña finaliza cuarenta y ocho horas antes del inicio del acto eleccionario. Este año, las PASO nacionales están previstas para el 9 de agosto. Por lo que los precandidatos recién podrían empezar a hacer campaña a partir del 9 de julio. Es decir que los precandidatos se adelantaron casi 3 meses para iniciar la campaña.
En cuanto a los gastos, la ley establece en su artículo 33 que los gastos totales de cada agrupación política para las elecciones primarias, no pueden superar el cincuenta por ciento del límite de gastos de campaña para las elecciones generales.
Por último, y en cuanto al uso de medios televisivos y radiales para la campaña, la normativa indica que «las agrupaciones políticas y sus listas internas no pueden contratar en forma privada, publicidad en emisoras de radiodifusión televisiva o sonora abierta o por suscripción para las elecciones primarias».
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