La empresa minera Midais denunció hoy penalmente a 35 vecinos de la ciudad riojana de Famatina, incluido a su intendente, por un supuesto atentado y amenazas en una base perteneciente a la compañía.
Daniel Luna, abogado de la empresa minera salteña que opera en La Rioja, explicó que la presentación judicial se enmarca en presuntas amenazas con armas de fuego a trabajadores y por un incendio con nafta en el campamento de Angulos, situado en el departamento Famatina.
El letrado confirmó que entre las 35 personas denunciadas está incluido el intendente de Famatina, Ismael Bordagaray, quien además es integrante de la fórmula de Fuerza Cívica, que lleva como candidato a gobernador al radical Julio Martínez, en un acuerdo electoral entre la UCR, el massismo y el PRO.
Tras esta acusación, Bordagaray, en declaraciones radiales, apuntó: «Estamos cansados de estas mentiras que se hacen con fiscales cómplices; vamos a contradenunciarlos, porque estamos cansados de estas mentiras permanentes. Qué pruebas van a tener de destrozos en el campamento, si yo no estuve allí».
Además de Bordagaray, en la denuncia se incluyó además al cura párroco de Famatina Omar Quinteros y a la diputada provincial opositora Lucía Avila.
La empresa de Miguel Urtubey, intenta extraer arena del río Blanco con métodos físicos donde no se toca el agua ni se utiliza cianuro ni ningún otro producto químico, porque la arena sería llevada a otro lugar para separar el oro que se encuentre, según asegura Midais.
Desde la semana pasada la Asamblea Ciudadana de Famatina comenzó a movilizarse y logró, en un primer momento, que la empresa empezara a bajar maquinarias del campamento para retirarse, pero la firma logró el apoyo de la Policía riojana y cambió la estrategia.
La denuncia penal presentada ante el juzgado de Instrucción número 1 fue por amenazas con armas de fuego a los trabajadores de la firma y el incendio con nafta del campamento.
El abogado Luna fue duro contra el intendente Bordagaray, al subrayar: «No sé qué clase de candidato es, si utiliza estos métodos, usando bidones de nafta y amenazando con armas de fuego».
Por su parte, el sacerdote Quinteros, otros de los acusados por la empresa minera, manifestó: «Es otra canallada más a las que ya nos tienen acostumbrados no solo los medios oficialistas sino también los personeros del gobierno provincial, empecinados en doblegar la voluntad del pueblo de Famatina».
«En este departamento no hay licencia social para operar con la minería, siguen intentando penetrar y trabajar entrando por la puerta de atrás», agregó el cura. (DYN)
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