A poco de que la Legislatura de La Rioja sancionara una ley para expropiar el 70 por ciento de las acciones privadas del Nuevo Banco de La Rioja, el diputado nacional Héctor Olivares (UCR) exigió que el presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli; el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), José Alberto Sbatella, y el inspector General de Justicia, Diego Martín Cormick, expliquen en el Congreso de la Nación diversas cuestiones sobre el hecho.
“Legítimamente tenemos derecho a dudar sobre el verdadero objeto de la expropiación del Banco de La Rioja. Intuimos una pantalla de impunidad que nos obliga a interpelar a los titulares de organismos nacionales con competencia en este tipo de actuaciones”, manifestó el legislador radical.
Olivares explicó que “la citación de Vanoli es para que informe sobre la expropiación y transferencia de acciones del Nuevo Banco de la Rioja; Sbatella, deberá explicar sobre los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) emitidos durante los últimos dos años por parte del Nuevo Banco de La Rioja; en tanto Cormick, debe informar la situación legal de las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) sospechadas de operaciones de lavado de dinero en la mencionada entidad bancaria”.
En los fundamentos del proyecto que presentó, Olivares repasa los hechos que terminaron con la expropiación de las acciones privadas del Banco Rioja hace unas semanas, pasando por liquidación y privatización en 1991 y la privatización en el 2000.
“El Nuevo Banco de La Rioja sigue siendo una sociedad anónima comercial, no una sociedad del Estado, y la expropiación aprobada en la Legislatura provincial tiene vicios en el procedimiento. El origen del actual conflicto quizás haya que buscarlo en lo que el Banco Santiago del Estero (dueño de las acciones expropiadas) considera ‘la interpretación más aceptable’, y que ‘se relaciona con los controles dispuestos por el BCRA relativos a la prevención de operaciones de lavado de dinero’”, advirtió Olivares.
El gobernador kirchnerista Beder Herrera argumentó que el grupo privado incumplió varios puntos del contrato que había firmado con la provincia para ser su agente financiero y dijo que el distrito debía ser resarcido al menos en 600 millones de pesos.
Por su parte, los privados presentaron un informe que detalla que «los funcionarios a cargo de los controles internos del NBLR detectaron irregularidades con respecto a 96 entidades -varias ONG-, a muchas de las cuales debió procederse a cerrar sus cuentas».
Además verificaron que «20 de esas entidades habían realizado trámites cuyos antecedentes debieron ser elevados a la Unidad de Información Financiera por existir operaciones sospechosas en el marco de la prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo», y que «15 entidades recibieron en los últimos 18 meses aproximadamente 570.000.000 pesos, que de ese importe se retiraron por caja más de 300.000.000 pesos en efectivo».
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