Ante los sucesos de público conocimiento Transparencia Electoral comunica:
Nuestra organización fue convocada por una de las listas que participó del proceso electoral del 5 de julio que entendía que las garantías de los comicios se debilitaban por varias razones entre las cuales sobresalían: el clientelismo, las dádivas y la falta de independencia por parte de la Justicia, encargada de implementar la elección, con relación al poder Ejecutivo. Esta convocatoria no fue ocultada, por el contrario, así lo informamos en todas las entrevistas periodísticas que nos han realizado.
En primer lugar, el Director Ejecutivo de la ong viajó los primeros días de la semana previa a las elecciones para acreditar a los Observadores que llegarían sobre el fin de semana.
En este primer contacto notamos por parte de la autoridad electoral una estrategia de dilación de la acreditación. Esta recién se realizó el sábado a la noche, no sin inconvenientes.
Al constituirse la Misión de Observación se realizaron entrevistas con referentes de las listas que competían en la elección. Todos ellos nos manifestaron su preocupación por la integridad de los comicios y por su falta de equidad. También nos reunimos con las autoridades de la Iglesia local que coincidió en el diagnóstico.
Esta advertencia la constatamos y la documentamos en los días previos a la elección. Entrega de bolsones, clientelismo y violación de la veda electoral entre otras irregularidades.
En este contexto, y ante los comentarios de los vecinos, advertimos que el día de la elección, a pocos metros de la Escuela 365 del barrio Antártida II, se estaría distribuyendo droga. Los que ingresaban al lugar luego se dirigían a votar.
A fin de aclarar tal situación el Jefe de Misión de Observación Electoral llamó al 911 y más tarde se realizó un operativo en donde nos informaron luego que hubo tres detenidos.
Esta situación reflejada en el informe final fue luego reproducida en un informe periodístico.
Esto es lo que ha pasado y por lo expuesto decimos:
Ante el flagelo de la droga no hay que mirar para el costado ni desviar el foco de atención. Las autoridades deberían preocuparse por evitar la propagación de la droga en general y en particular dar cuenta de lo sucedido ese día de la elección con la denuncia realizada al 911.
Nosotros no somos una fiscalía de investigación. Es la Justicia la que tendrá que determinar si hay un vínculo político o dirigentes partidarios involucrados en este incidente.
Dudar del profesionalismo de los integrantes de esta organización por el hecho de que sus integrantes puedan tener algún tipo de adscripción ideológica, aparte de ser una actitud persecutoria y autoritaria, es desconocer que esta ong ha ponderado de manera insistente la innovación electoral realizada por el gobierno de la provincia de Salta, cuyo signo político coincide con el de la provincia de La Rioja.
Transparencia Electoral es una asociación de profesionales de las ciencias sociales que no tiene otro fin que el de promover elecciones íntegras, competitivas, justas y equitativas.
El sistema electoral de la provincia de La Rioja no se inscribe en este ideal y así lo hemos expuesto en el informe final de la Observación Electoral.
Lamentamos que este hecho pueda servir de pretexto para el abuso de poder sobre un legislador que no hizo más que describir lo sucedido.
Instamos a las autoridades políticas y electorales de la provincia que en vez de perseguir a organizaciones de la sociedad civil y a dirigentes opositores asuma la responsabilidad de modificar el actual sistema electoral de la provincia y así atender los reclamos de la ciudadanía que hacen a la transparencia y al respeto de sus derechos políticos.
