Diputados de la oposición y gremios provinciales reclamaron la derogación de un decreto del gobierno de La Rioja que permite al Estado suspender el pago de sueldos a empleados que se encuentren bajo sumario al alertar que esa norma podría usarse como «herramienta de persecución ideológica».
El decreto en cuestión, número 879, es de junio pero recién se advirtió su gravedad semanas atrás cuando tomó estado parlamentario porque el gobernador Luis Beder Herrera lo envió a la Legislatura para que sea refrendado.
La norma faculta al Ejecutivo provincial a suspender el pago de haberes de los empleados públicos que estén alcanzados por un sumario administrativo.
Ante la polémica que generó la aparición del decreto, varios sindicatos expresaron sus quejas y fueron recibidos el jueves en audiencia por el ministro de Gobierno y Justicia, Claudio Saúl. El funcionario garantizó que el DNU «se hizo dentro del marco de la Constitución» provincial.
Sin embargo, el secretario general de la CGT La Rioja, el oficialista Jorge Reynoso, prefirió «no calificarlo de inconstitucional, pero el decreto tiene algunos aspectos que son amplios» y «abusivos para los empleados» y «aunque no se puede derogar, sí modificar».
Nicolás De la Fuente, secretario general de ATSA, opinó que el gobierno de Herrera «tiene una política de los hechos consumados» y advirtió que la norma permitiría que «cualquier jefe pueda suspender a un empleado» y de esa manera afecte su derecho a cobrar el sueldo.
Rogelio De Leonardi, de la Asociación de Maestros y Profesores, dijo que el decreto es «inconstitucional, violatorio y avasallador de los derechos laborales» y muestra «la inutilidad del Estado para impartir justicia».
El sindicalista docente advirtió que la norma permite «las persecuciones por motivos políticos, raciales, religiosos e ideológicos. Es una puerta que este gobierno abre para que comience una caza de brujas».
Por su parte, la diputada provincial por Fuerza Cívica Riojana Inés Brizuela y Doria explicó que hasta ahora la ley permitía en casos graves que un agente sea suspendido, a la vez que sus haberes, por 30 días, pero ahora abre la posibilidad de que no cobre su sueldo «durante todo el tiempo que dure el sumario».
La legisladora lo consideró «claramente una herramienta de persecución ideológica» porque se aplicará «para inventar sumarios para los trabajadores que piensan distinto, que se anima a levantar la voz, a reclamar, a militar en un proyecto diferente».
En rigor, como el DNU tomó estado parlamentario el 23 de julio y han pasado más de 30 días, podría considerarse aprobado.
Desde mediados del año pasado hay docentes de la ciudad de Chilecito sumariados sin percibir sueldos por su participación en reclamos salariales. (DyN)
