El escandaloso proceso electoral tucumano puso de relieve un fenómeno que también nos tocó sufrir en carne propia en nuestra provincia de La Rioja y que hemos denunciado desde hace años.
En provincias como Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Neuquén, San Luis y Santa Cruz, desde 1983 al presente, el mismo partido ganó consecutivamente las elecciones para gobernador. A ellas se podrían sumar Santiago del Estero y Catamarca, donde la alternancia política vino luego de una intervención federal. Hay en todas ellas instituciones y prácticas formalmente democráticas pero, paralelamente, rasgos autoritarios y reñidos con el sistema republicano.
En estos territorios, la democracia avanzó sostenidamente hacia un régimen de partido único, caracterizado por una concentración creciente de la soberanía popular en el Ejecutivo, la degradación de la calidad institucional y la administración discrecional y poco transparente de los recursos.
El surgimiento de coaliciones electorales competitivas que ponen en riesgo la continuidad del oficialismo en estos territorios, exacerbó las trampas y mañas de los sistemas electorales vigentes en cada uno de ellos hasta el extremo de aplicar la violencia explícita y quema de urnas.
En todas ellas existe una amplia porción de ciudadanos dependientes del empleo público, planes sociales o ayuda estatal, lo cual los coloca en una situación de vulnerabilidad susceptible de sufrir la extorsión y el chantaje electoral por parte del oficialismo de turno. Esto conforma el obsceno paisaje de la compra de voluntades y las amenazas de pérdida del trabajo o del beneficio ante un eventual triunfo opositor. En La Rioja, en las elecciones del 5 de julio pasado, a todo lo mencionado se le sumó, incluso, la entrega de porros a cambio de votos.
Si todas estas prácticas clientelares, prebendarias y extorsivas no alcanzaran para garantizar la continuidad del régimen, se adaptan los mecanismo electorales de acuerdo a la conveniencia de cada elección imponiendo, sistemas reñidos con la práctica democrática como la ley de lemas (Santa Cruz, Formosa), las colectoras (La Rioja), o los acoples (Tucumán), además de proliferar las listas y candidatos oficialistas, quienes cuentan con cuantiosos recursos para utilizar a discreción para tratar de borrar a la oposición y garantizar el triunfo del oficialismo.
Estas prácticas políticas han erosionado la legitimidad de origen de los mandatarios electos mediante estos sistemas, generando el descrédito y la desconfianza sobre todo el sistema político. Ello nos obliga a exigir sistemas electorales que garanticen una participación auténticamente plural de todos los sectores políticos y sociales, sin visiones hegemónicas, sin falsas antinomias, sin exclusiones. En definitiva, con mayor y mejor institucionalidad, con reglas de juego que otorguen credibilidad y confianza en sus resultados.
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