Sólo 11 causas por crímenes de lesa humanidad ya tienen fecha: Milani por Olivera será el 7 de febrero

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Según el último informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, unas 89 causas fueron elevadas a debate oral, un 15 por ciento del total. De ellas, apenas el 12 por ciento tiene asignado un tribunal y comenzarán este año.

El año recién estrenado llega con pocos juicios por delitos de lesa humanidad agendados para pasar por los tribunales federales del país. Según el más reciente informe de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, de las 89 causas que fueron elevadas a juicio oral, solo 11 tienen fecha de comienzo de debate para 2019. Desde 2017 la cifra muestra un retroceso, advirtieron desde el área especializada en la temática.

La base de causas cuya instrucción, fiscal y juez a cargo dieron por terminada y consideraron que es tiempo que los hechos que analiza sean debatidos en juicio oral es chica, planteó la Procuraduría en el informe estadístico sobre el estado de las causas por delitos de lesa humanidad en Argentina que difundió la última semana de 2018. En marzo de 2017, eran 118 las causas que, habiendo sido clausuradas su instrucción, esperaban por el debate oral. En el total de los expedientes vinculados con los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico militar argentina, representan el 20 por ciento. A marzo de 2018, la cifra se redujo a 103 expedientes, el 17 por ciento del total de causas de lesa.

2019 arranca con la cifra más baja en los últimos tres años: 89 causas elevadas a juicio oral, el 15 por ciento del total. Este descenso, vinculan desde la Procuraduría, “tiene un correlato con el número de causas que permanecen en etapa de instrucción, que continúa siendo el más alto” del total de expedientes que investigan violaciones a los derechos humanos cometidas entre 1976 y 1983 durante el terrorismo de Estado. Son, según el informe más actual del área, 252 causas que representan el 45 por ciento del total. Y lo llamativo es que esa cifra “se ha mantenido estable en los últimos tres años”.

La lentitud del proceso de justicia vinculado con el genocidio de la última dictadura se refleja con más fuerza en la cantidad de debates orales que ya tienen fecha de inicio durante 2019: de las 89 causas elevadas a juicio solo 11 serán debatidas ante un tribunal federal: el 12 por ciento.

La agenda llega hasta mayo y prevé tres juicios orales para febrero; seis para marzo, uno para abril y otro para mayo. Inmediatamente después de la feria judicial estival, comenzará en los tribunales federales de San Martín el debate que analizará el tercer tramo de la causa que revisa los crímenes cometidos en el centro clandestino conocido como Mansión Seré. Estaba previsto para comenzar en octubre pasado, pero se pospuso. Contará con siete imputados que serán juzgados por secuestros y torturas impuestas a 70 víctimas. Otro juicio que estaba previsto para octubre y fue reprogramado para febrero es el que tiene al ex juez federal Ricardo Lona como imputado por encubrir el secuestro y la desaparición del ex gobernador de Salta Miguel Ragone. Comenzará, según la agenda judicial, el 18 del mes próximo en los tribunales federales de Salta. En La Rioja juzgarán, desde el 7 de febrero, a 14 imputados por delitos de lesa humanidad y se espera que, tras ese debate, comience el que tiene al ex jefe del Ejército César Milani como imputado por el secuestro y desaparición de Pedro Olivera.

En marzo deberían comenzar juicios en Santa Fe, provincia de Buenos Aires y Ciudad Autónoma. Todos los vinculados con hechos que sucedieron en territorio bonaerense tienen como escenario a la guarnición militar de Campo de Mayo. Entre ellos, el que tiene como víctimas a los trabajadores de la planta automotriz de Mercedes Benz, después de 17 años de comenzada la investigación. Los acusados que serán juzgados desde el 7 de febrero en los tribunales de San Martín, son cinco, entre ellos el genocida que fue jefe de Institutos Militares del Ejército Santiago Omar Riveros. Todos militares.

El 5 de abril, cinco ex militares y ex policías deberán responder ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia por los asesinatos de los dirigentes de las Ligas Agrarias, Carlos Piccolli y Raúl Estigarribia. En mayo, el 2, se prevé que comience en Tucumán el segundo debate oral que se realiza por los hechos sucedidos en el Operativo Independencia, una megacausa que incluye secuestros, torturas y desapariciones investigadas en otros expedientes que fueron conectados. Serán 28 los imputados que ocupen el banquillo de los acusados.

Ahora bien, ¿qué pasa con el resto de las causas que están listas pero que no tienen juicio oral programado? Un caso paradigmático del limbo en el que quedan muchos de los expedientes a la espera del juicio oral es el que investiga los crímenes que tuvieron lugar en el Pozo de Quilmes y en el pozo de Banfield, dos centros clandestinos que integraron el Circuito Camps en la provincia de Buenos Aires. Los fiscales Hernán Shapiro y Marcelo Molina solicitaron la elevación a juicio de la causa que investigó secuestros, torturas y desapariciones en el Pozo de Quilmes. Un año después, Molina y Juan Martín Nogueira hicieron lo propio con el expediente que analizó Pozo de Banfield.

Pasaron cinco años y varios de los acusados en ambas causas esperan en su casa –con prisión domiciliaria– el debate que los condene por los crímenes cometidos. Quien fue el jefe del Pozo de Banfield, Miguel Wolk o “Nazi”, según lo conocían sus víctimas, es uno de ellos: cumple prisión domiciliaria en Mar del Plata, a escasas cuadras de dónde intentó hacer lo mismo el genocida Miguel Etchecolatz, en el Bosque Peralta Ramos, durante los primeros meses de 2018.

Recién en octubre pasado, y por presión de familiares de víctimas y organismos de derechos humanos, el Poder Judicial conformó con magistrados de San Martín el tribunal que juzgará a los imputados en las dos causas y los por crímenes de uno y otro infierno, de manera conjunta: un debate con más de 20 imputados y alrededor de 400 víctimas. Lo que se oye en pasillos del Poder Judicial es que el debate, finalmente, comenzaría en marzo o abril de este año, pero la realidad es que no figura en la agenda.