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La Corte Suprema abordaría este año las causas de Carlos Menem

Desde hace 20 años, una serie de causas que tienen como principal protagonista al ex presidente, y actual senador, Carlos Menem, pasea por los pasillos de la Justicia en busca de una resolución definitiva.
Según consigna el sitio de noticias Infobae.com, este año la Corte Suprema de Justicia se pondrá a trabajar para darle un cierre a las causas por venta de armas a Croacia y Ecuador, y a las que analizan el pago de sobresueldos, donde Menem tiene una condena de cuatro años y medio de prisión.
En lo que respecta a la venta de armas, la causa contra Menem se inició en 1995, a raíz de tres decretos que firmó durante su primer mandato, para vender 6.500 kilos de armamento a Venezuela y Panamá, pero que tuvieron como destino Croacia y Ecuador que estaban en conflicto bélico y por lo cual la ONU había impuesto un embargo. 
El expediente que lleva 23 años de recorrido judicial, y por esta causa Menem, de 88 años, tiene una condena a siete años de prisión.
También prometen analizar por qué la Justicia demoró dos décadas en resolver las acusaciones en su contra.
Algo de esa demora ya planteó la propia Corte en 2017, cuando habilitó a Menem a ser candidato a senador por La Rioja y expuso que Casación se tomó casi seis años en tramitar un recurso de la causa por el contrabando de armas. 
La causa por los sobresueldos tuvo menos vericuetos, pero la instrucción no fue breve: “Hace ocho años que me fui del Gobierno y todavía siguen con este tema”, dijo Menem en 2007 al enfrentar su indagatoria. La condena llegó a fines de 2015.
A este panorama judicial se le suman otras dos complicaciones para el ex presidente que pueden activarse en este 2019: por un lado, un pedido de condena de cuatro años de prisión que hizo la fiscal Gabriela Baigún y la querella del Gobierno contra Menem por haber vendido en 1991 el predio de la Rural a un precio más bajo que el de mercado; y, por otro lado, la definición sobre su papel en el encubrimiento al atentado contra la Amia, que el 18 de julio de 1994 terminó con la vida de 85 personas.
Menem está acusado de haber intentado desviar la llamada pista siria en los primeros días posteriores al atentado. 
La Fiscalía y las querellas Amia y Daia pidieron para él una pena de cuatro años de cárcel; las querellas de Memoria Activa y del Ministerio de Justicia reclamaron seis años de prisión, mientras que la querella de Apemia exigió 14 años de encierro. 
Si es culpable y qué pena merece, es decisión del Tribunal Oral Federal 2 que desde hace más de tres años sustancia este debate. El 2018 se fue en alegatos. Ahora los acusados fueron invitados a decir sus últimas palabras. El paso siguiente será la sentencia.
En este escenario, queda claro el extenso tiempo que se tomaron los propios tribunales para avanzar con las causas contra el ex presidente, con hechos que, según la acusación, fueron cometidos durante su gestión (1989-1999). 
Se investigan hechos que sucedieron hace 30 años como máximo y 20 años como mínimo.
En ese tablero, la defensa de Menem puso en juego un derecho que está expresamente reconocido en los tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional y, de forma implícita, en la Constitución Nacional: el derecho a ser juzgado en un plazo razonable.

Otras causas que esperan un cierre

Hay una causa de enriquecimiento ilícito iniciada en junio de 2014, en la que se lo investiga junto a su ex pareja Cecilia Bolocco y al ex titular de la Casa de la Moneda, Armando Gostanián, por los delitos de enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y omisión en las declaraciones juradas, por la venta que Bolocco habría hecho de un departamento ubicado en avenida Libertador de la ciudad de Buenos Aires, a una sociedad del padre de Leonardo Fariña. 
Otra causa es una iniciada en enero de 2001 por una denuncia del entonces director de investigaciones de la Oficina Anticorrupción, Manuel Garrido, sobre la firma de un contrato de la Secretaría de Comunicaciones y la Comisión Nacional de Comunicaciones con la firma Thales, perjudicial a los intereses del Estado Nacional para el control y seguimiento de emisiones el espectro radioeléctrico. A su vez se averiguaba sobre la existencia de sobornos en el trámite previo a la firma de ese contrato. Y además hay una causa abierta tras la explosión de la Fábrica Militar de Río Tercero, el 3 de noviembre de 1995, la cual dejó como saldo varios muertos.