Sociedad

Promulgan la ley de Derecho de Acceso a la Información Pública

El gobernador Sergio Casas promulgó la ley de Derecho de Acceso a la Información Pública. La misma tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.

Definiciones. A los fines de la presente ley, entiéndase por:
Información Pública: Considérase como tal a todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato o soporte que los sujetos obligados por la presente ley generen, obtengan, transformen, controlen, custodien o financien total o parcialmente.
Derecho de Acceso a la Información Pública: Considérase como tal a la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados en la presente ley, con las únicas limitaciones y excepciones que establece esta norma.

2019 01 18.pdf

LEY Nº 10.119

LA CAMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA, SANCIONA CON FUERZA DE LEY:

Título I

Derecho de Acceso a la Información Pública

Capítulo I

Objeto

1°.- Objeto. La presente ley tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información pública, promover la participación ciudadana y la transparencia de la gestión pública.

Artículo 2°.- Finalidades. Son finalidades de la presente ley:

a) Facilitar a toda persona el derecho de acceso a la información del Estado mediante mecanismos simples y expeditos, en forma oportuna y completa.
b) Propiciar la transparencia de la información pública que genere, custodie o controle el Estado Provincial.
c) Difundir la información pública que implique rendiciones de fondos públicos y privado del Estado Provincial, que tengan impacto social.
d) Fomentar la participación de la ciudadanía en las diferentes instancias de la gestión pública y el control del ejercicio de la función pública.
e) Promover el uso de las tecnologías de la información y comunicación estatal.
f) Refundar la conducta de la transparencia en la gestión pública.
g) Eficientizar las instituciones.

Artículo 3°.- Definiciones. A los fines de la presente ley, entiéndase por:
a) Información Pública: Considérase como tal a todo tipo de dato contenido en documentos de cualquier formato o soporte que los sujetos obligados por la presente ley generen, obtengan, transformen, controlen, custodien o financien total o parcialmente.
b) Derecho de Acceso a la Información Pública: Considérase como tal a la posibilidad de buscar, acceder, solicitar, recibir, copiar, analizar, reprocesar, reutilizar y redistribuir libremente la información bajo custodia de los sujetos obligados en la presente ley, con las únicas limitaciones y excepciones que establece esta norma.

Artículo 4°.- Principios. La ley se rige por los siguientes principios:
a) Publicidad: La información en poder del Estado Provincial se presume pública y su difusión irrestricta, salvo las excepciones establecidas por la ley.
b) Disponibilidad: Toda información en poder, custodia o bajo control del sujeto obligado debe ser accesible para todas las personas. El acceso a la información pública sólo puede ser limitado cuando concurra alguna de las excepciones previstas en esta ley.
c) Celeridad y Oportunidad: La información debe ser publicada con la máxima celeridad y en tiempos compatibles con la preservación de su valor.
d) Integridad: La información debe publicarse de forma completa, en el mayor nivel de desagregación posible y por la mayor cantidad de medios disponibles.
e) Igualdad: La información debe ser brindada sin discriminación alguna.
f) Informalismo: Los procedimientos para la entrega de la información deben ser simples y expeditos. Los sujetos obligados no pueden fundar el rechazo de la solicitud de información en el incumplimiento de requisitos formales o de reglas de procedimiento.
g) Gratuidad: El acceso a la información debe ser gratuito, salvo lo establecido en el Artículo 13° de la presente ley.
h) Disociación: En aquel caso en el que parte de la información se encuadre dentro de las excepciones taxativamente establecidas por esta ley, la información no exceptuada debe ser publicada en una versión del documento que tache, oculte o disocie aquellas partes sujetas a la excepción.
i) Accesibilidad: La forma y los medios de la información deberán estar al alcance de todas las personas.
j) Responsabilidad: El incumplimiento de las obligaciones que esta ley impone originará responsabilidades y dará lugar a las sanciones que correspondan.
k) Control: El cumplimiento de las normas que regulan el derecho de acceso a la información será objeto de fiscalización permanente. Las resoluciones que denieguen solicitudes de acceso a la información, como el silencio del sujeto obligado requerido, la ambigüedad o la inexactitud de su respuesta, podrán ser recurridas ante el órgano competente.

1) Alcance limitado de las excepciones: Los límites al derecho de acceso a la información pública deben ser excepcionales, establecidos previamente conforme a lo estipulado en esta ley y formulados en términos claros y precisos, quedando la responsabilidad de demostrar la validez de cualquier restricción al acceso a la información a cargo del sujeto al que se le requiere la información.
m) In dubio pro petitor: La interpretación de las disposiciones de esta ley o de cualquier reglamentación del derecho de acceso a la información debe ser efectuada, en caso de duda, siempre a favor de la mayor vigencia y alcance del derecho a la información.
n) Facilitación: Ninguna autoridad pública puede negarse a indicar si un documento obra, o no, en su poder o negar la divulgación de un documento de conformidad con las excepciones contenidas en la presente ley, salvo que el daño causado al interés protegido sea mayor al interés público de obtener la información.
ñ) Buena fe: Para garantizar el efectivo ejercicio del acceso a la información, resulta esencial que los sujetos obligados actúen de buena fe, es decir, que interpreten la ley de manera tal que sirva para cumplir los fines perseguidos por el derecho de acceso, que aseguren la estricta aplicación del derecho, brinden los medios de asistencia necesarios a los solicitantes, promuevan la cultura de transparencia y actúen con diligencia, profesionalidad y lealtad institucional.

Capítulo II

Sujetos

Artículo 5°.- Sujetos Obligados. Quedan obligados por las disposiciones de la presente ley:

a) La Función Ejecutiva y los organismos que conforman la Administración Pública Centralizada y Descentralizada.
b) Los entes reguladores de servicios públicos.
c) La Función Legislativa y los organismos que funcionen en el ámbito de su dependencia.
d) La Función Judicial.
e) El Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
f) El Consejo de la Magistratura y el Jury de Enjuiciamiento.
g) Las Sociedades del Estado Provincial, cualquiera sea el tipo societario constitutivo, y toda otra organización empresarial en la que el Estado tenga cualquier tipo de participación en el capital o en la formación de las decisiones, sólo en lo referido a dicha participación estatal.
h) Las entidades o empresas privadas a las que se haya concedido mediante permiso, licencia, concesión o cualquier otra forma contractual, la prestación de un servicio público o la explotación de un bien de dominio público.
i) Las entidades privadas a las que se les hubieren otorgado fondos públicos, en lo referido únicamente a la información producida total o parcialmente o que se encuentren relacionadas con tales fondos recibidos.
j) Las instituciones o fondos cuya administración, guarda o conservación esté a cargo del Estado Provincial.
k) Los Fideicomisos que se constituyan total o parcialmente con recursos o bienes del Estado Provincial.
l) El Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Artículo 6°.- Legitimación Activa. Toda persona humana o jurídica, pública o privada, tiene derecho a solicitar y recibir información pública, no pudiendo exigirse al solicitante que motive tal solicitud.
Artículo 7°.- Responsable de Acceso a la Información Pública. Los titulares de las tres Funciones del Estado designarán un miembro de su planta como responsable de acceso a la información pública.
El responsable deberá tramitar y resolver las solicitudes de acceso a la información pública dentro de su jurisdicción. Sus funciones y deberes serán determinados en la reglamentación pertinente.
Las máximas autoridades de cada Función del Estado Provincial serán solidariamente responsables con el funcionario a cargo de la aplicación de la presente ley.

Artículo 8°.- Sanciones. El Responsable de Acceso a la Información Pública que incumpliere de manera dolosa o culposa los deberes establecidos, será pasible de las sanciones que se establezcan en la reglamentación de la presente ley, sin perjuicio de la responsabilidad civil y/o penal que le corresponda.

Capítulo III

Procedimiento

Artículo 9°.- Solicitud. La solicitud de acceso a la información pública deberá ser presentada al Responsable de Acceso a la Información Pública, por escrito o por medios electrónicos, no siendo necesario el patrocinio letrado.
La misma debe contener los siguientes datos:
a) Indicación del sujeto al que se solicita la información.
b) Descripción en forma clara y precisa de la información requerida, para facilitar su ubicación.
c) Indicación de nombre, apellido, domicilio del solicitante, dirección de correo electrónico o teléfonos a los cuales deberá ser notificado.
El sujeto que recibiere la solicitud de información, entregará o remitirá al solicitante una constancia del trámite.

Artículo 10°.- Plazo. El Responsable de Acceso de la Información Pública deberá responder las solicitudes de información dentro del plazo de quince (15) días hábiles, contados a partir de su recepción. El plazo podrá ser prorrogado en forma excepcional por otros quince (15) días hábiles, de mediar circunstancias que hagan razonablemente difícil reunir la información solicitada. En su caso, el Responsable de Acceso a la Información Pública deberá comunicar fehacientemente, por acto fundado y antes del vencimiento del plazo, las razones por las que hace uso de tal prórroga.

Artículo 11°.- Denegatoria. El Responsable de Acceso de la Información Pública sólo podrá negarse a brindar la información objeto de la solicitud, por acto fundado, si se verificara que la misma no existe y que no está obligado legalmente a producirla o que está incluida dentro de alguna de las excepciones previstas en el Artículo 15° de la presente ley. La falta de fundamentación determinará la nulidad del acto denegatorio y obligará a la entrega de la información requerida.
El silencio del sujeto obligado, vencidos los plazos establecidos en la presente ley, así como la ambigüedad, inexactitud o entrega incompleta, serán considerados como denegatoria injustificada a brindar la información.
Artículo 12°.- Recurso. En caso de denegación de una solicitud de información, respuesta ambigua, inexacta o incompleta o silencio u omisión de respuesta por parte de los sujetos obligados una vez transcurridos los plazos correspondientes, el solicitante podrá interponer los recursos previstos en la Ley de Procedimiento Administrativo de la Provincia N° 4.044. Agotada la instancia administrativa procederá la vía contencioso administrativa.

Artículo 13°.- Gratuidad. El acceso a la información pública es gratuito, en tanto no se requiera su reproducción. Los costos de reproducción corren a cargo del solicitante.

Artículo 14°.- Reglamentación. Los aspectos procedimentales no contemplados en la presente ley, deberán preverse en su reglamentación.

Capítulo IV

Excepciones

15°.- Excepciones. El Responsable de Acceso de la Información Pública sólo podrá exceptuarse de proveer la información, cuando se configure alguno de los siguientes supuestos:
a) Cuando pudiere afectarse la defensa nacional, la seguridad interior o las relaciones internacionales.
b) Cuando la información solicitada esté clasificada como secreta o confidencial por las leyes vigentes y sus respectivas reglamentaciones.
c) Cuando la información solicitada se encuentre sujeta a consideración de autoridades judiciales, en cualquier estado del proceso y su divulgación o uso por terceros pueda causar perjuicio o alteraciones al normal desarrollo del procedimiento judicial.
d) Cuando la información solicitada se refiera a cuestiones de familia, menores y los sumarios penales en su etapa de secreto. Asimismo, la autoridad competente podrá limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter secreto de las actuaciones judiciales, por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades, mediante resolución motivada en cada caso. También respecto de los sumarios administrativos en etapa de secreto, con iguales alcances.
e) Cuando pudiera afectarse el secreto comercial o industrial, o la propiedad intelectual.
f) Cuando pudiera afectarse la confidencialidad de datos personales protegidos por normas nacionales.
g) Cuando la información solicitada corresponda a trabajos de investigación científica, mientras éstos no se encuentren legalmente publicados.
h) Cuando la publicidad de la información solicitada pudiera revelar la estrategia adoptada en la defensa o tramitación de una causa administrativa o de cualquier tipo de información que resulte protegida por el secreto profesional.
i) Cuando pudiera afectarse el secreto fiscal.
j) Cuando el acceso dañare los siguientes intereses privados:
1. Cuando pudiere violarse el derecho a la privacidad, a la vida, a la salud o a la seguridad.
2. Los intereses comerciales y económicos legítimos.
3. Patentes, derechos de autor y secretos comerciales.
k) Cuando el acceso generare un riesgo claro, probable y específico de daño a los siguientes intereses públicos:
1. Seguridad pública.
2. Defensa nacional.
3. Elaboración o desarrollo estratégico y efectivo de políticas públicas.
4. Relaciones internacionales e intergubernamentales.
5. Ejecución de la ley, prevención, investigación y persecución de delitos.
6. Estrategias del Estado para manejar la economía que pueda perjudicar el plan de acción que éste haya tenido en cuenta para el desarrollo de políticas públicas.
7. Legítimos intereses financieros de la autoridad pública, aún considerando al Estado como sujeto de derecho privado, que puedan perjudicar al desarrollo de políticas económicas.
8. Los procedimientos establecidos en las Leyes de Contabilidad y Contrataciones
del Estado.
Título II

Transparencia Activa

Capítulo I

Publicidad Activa

Artículo 16°.- Publicidad. Las tres Funciones del Estado publicarán de forma periódica y actualizada la información cuyo conocimiento sea relevante para garantizar la transparencia de la gestión pública.

Artículo 17°.- Transparencia. Las obligaciones de transparencia contenidas en este Capítulo se entienden sin perjuicio de la aplicación de la normativa autónoma correspondiente o de otras disposiciones específicas que prevean un régimen más amplio en materia de publicidad.

Artículo 18°.- Disociación de Datos. Serán de aplicación, en su caso, los límites al derecho de acceso a la información pública previstos en la presente ley. Cuando la información contuviera datos especialmente protegidos, la publicidad sólo se llevará a cabo previa disociación de los mismos.
Capítulo II
Información Institucional, Organizativa y de Planificación
Artículo 19°.- Publicación Obligatoria. Las tres Funciones del Estado publicarán información relativa a las funciones que desarrollan y a la normativa que les sea de aplicación, así como a su estructura organizativa. A estos efectos, incluirán un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos.

Artículo 20°.- Contenido. Las tres Funciones del Estado harán públicos los planes y programas anuales y plurianuales en los que se fijen objetivos concretos, así como las actividades, medios y tiempo previsto para su consecución.

Capítulo III
Portales de Publicidad

Artículo 21°.- Publicidad. Se desarrollarán portales de publicidad a cargo de los organismos que conforman las tres Funciones del Estado, a través de los que se facilitará el acceso de los ciudadanos a la información pública, relativa a su ámbito de actuación.

Artículo 22°.- Principios. Los portales de publicidad contendrán información publicada de acuerdo con las prescripciones técnicas que se establezcan reglamentariamente, que deberán adecuarse a los siguientes principios:
a) Accesibilidad: Se proporcionará información estructurada sobre los documentos y recursos de información con vistas a facilitar la identificación y búsqueda de la información.
b) Interoperabilidad: La información publicada será conforme a las normas técnicas de interoperabilidad.

Título III

Disposiciones Finales

Artículo 23°.- Plazo. Las tres Funciones del Estado deberán en un plazo máximo de un (1) año, a contar desde la reglamentación de la presente ley, adecuar, sistematizar y publicar la información pública relativa a su ámbito de actuación.

Artículo 24°.- Supletoriedad. Serán de aplicación supletoria las disposiciones de la Ley N° 4.044 de Procedimiento Administrativo.
Artículo 25°.- Presupuesto. Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley serán imputados anualmente a la Ley de Presupuesto General de la Provincia.

Artículo 26°.- Reglamentación. Sin perjuicio de las normas reglamentarias internas atinentes a cada una de las tres Funciones del Estado, la Función Ejecutiva deberá dictar las normas reglamentarias generales de la presente ley, en el término de ciento ochenta (180) días a contar desde su promulgación.

Artículo 27°.- Adhesión. Invítase a adherir a la presente ley a los Municipios de la provincia de La Rioja.

Artículo 28°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial y archívese.-

Dada en la Sala de Sesiones de la Legislatura de la Provincia, en La Rioja, 133° Período Legislativo, a un día del mes de noviembre del año dos mil dieciocho. Proyecto presentado por los diputados Nicolás Lázaro Fonzalida y Jorge Ricardo Herrera.
Néstor Gabriel Bosetti – Presidente Cámara de Diputados – Juan Manuel
Artico – Secretario Legislativo
DECRETO Nº 1.301
La Rioja, 20 de noviembre de 2018
Visto: el Expediente Código Al N° 04265-4/18, mediante el cual la Cámara de Diputados de la Provincia eleva el texto sancionado de la Ley N° 10.119; y en uso de las facultades conferidas por el Artículo 126° inc. 1 de la Constitución Provincial;

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DECRETA:
Artículo 1°.- Promúlgase la Ley N° 10.119 sancionada por la Cámara
de Diputados de la Provincia con fecha 01 de noviembre de 2018.

Artículo 2°.- El presente decreto será refrendado por el señor Secretario
General y Legal de la Gobernación.

Artículo 3°.- Comuníquese, publíquese, insértese en el Registro Oficial
y oportunamente archívese.

Casas, S.G., Gobernador – Mercado Luna, G., S.G.G.