El Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 3 de La Rioja deberá resolver la causa. La justicia federal riojana determinó que los hechos denunciados no configuran ningún delito de competencia federal, sino que deben ser tratados por la Justicia Ordinaria Provincial.
La Justicia Federal de La Rioja tomó una decisión clave en un expediente que tramitaba bajo el número 23.030, caratulado como «Juzgado Federal s/ actuaciones», al declararse incompetente para seguir adelante con el caso. La resolución, fechada el 23 de octubre de 2025, determina que la causa debe ser remitida al fuero ordinario de la provincia.
El expediente 23.030 y la incompetencia federal
Según la carátula, el expediente N° 23.030, identificado con la letra «J», año 2025, fue tramitado inicialmente por el Juzgado Federal de La Rioja. Sin embargo, la resolución de fecha 23 de octubre de 2025 concluyó que:
«El Juzgado Federal de La Rioja, que mediante resolución de fecha 23/10/2025 se declaró incompetente en razón de la materia, por considerar que los hechos denunciados no encuadran en tipo penal alguno de competencia federal, disponiendo la remisión de las actuaciones a la Justicia Ordinaria Provincial.»
De esta forma, la Justicia Federal riojana determinó que la naturaleza de los hechos denunciados no involucra delitos que correspondan a su jurisdicción, sino a la Justicia local.
El caso queda en manos de la Justicia Provincial
Una vez remitidas las actuaciones a la Justicia Ordinaria, el expediente fue radicado en el Juzgado de Instrucción en lo Criminal y Correccional N° 3, bajo la misma numeración.
El documento señala que la denuncia que dio origen a este proceso fue presentada por el ciudadano JAVIER HORACIO RUIZ, con fecha 13 de octubre de 2025. El Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3, bajo la órbita de la jueza Dra. María Eugenia Torres y la Secretaría de la Dra. María Florencia Molla Douglas, es la instancia que ahora deberá considerar y resolver el futuro de la denuncia.
La decisión subraya los límites jurisdiccionales entre los fueros federal y provincial, obligando a que la denuncia sea evaluada íntegramente por los tribunales de La Rioja.
El pasado 13 de octubre, un ciudadano riojano, Javier H. Ruiz, formalizó una denuncia penal ante la Justicia Federal contra el gobernador Ricardo Quintela y una red de funcionarios y empresarios, incluyendo a su hijo Jerónimo Quintela, presidente de la empresa estatal EDELAR.
La acusación principal sostiene que la obra de «Pavimentación de la Ruta Provincial N° 6», valorada en más de $7.015 millones, y sus obras eléctricas rurales conexas, fueron diseñadas y ejecutadas con el objetivo de beneficiar a una propiedad rural del propio Gobernador o su entorno familiar, el Establecimiento Agrícola-Ganadero «El Mistol S.R.L.».
Irregularidades millonarias y vínculos familiares
Según la denuncia, la obra presenta una serie de graves irregularidades que configuran los delitos de peculado, malversación de caudales y servicios públicos, abuso de autoridad y asociación ilícita:
- Desvío de Fondos Federales: Se afirma que la obra se financió con recursos coparticipables y nacionales y fue priorizada para pavimentar un tramo que conduce directamente a «El Mistol S.R.L.», donde figuran como socios Ernesto Salvador Pérez, Christian Daniel Albrecht y Jerónimo Quintela, hijo del mandatario.
- Contratación «a Dedo»: Para eludir el control, la licitación pública fue obviada. La obra se fraccionó en tres etapas y se invocó de manera «abusiva» una Ley Provincial de Emergencia.
- Uso de la Energía Estatal: Se acusa a EDELAR S.A., presidida por Jerónimo Quintela, de haber desviado personal, maquinarias y materiales para realizar obras de tendido eléctrico en la traza de la Ruta 6 y sus adyacencias, en zonas de escasa demanda poblacional y sin justificación, configurando una malversación de servicios públicos. El ente regulador, EUCOP, cuyo Gerente General también fue denunciado, habría omitido deliberadamente su deber de fiscalización.
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