El juez Claudio Saúl rompió el silencio en medio de la crisis de confianza del Poder Judicial riojano y el escándalo de la coima. El vocal del TSJ desmintió categóricamente que la jueza Adriana Loureiro, quien está siendo investigada, haya iniciado trámites jubilatorios, asegurando que es parte de una “operación política” para el desprestigio.
El Poder Judicial de La Rioja atraviesa uno de sus momentos de mayor turbulencia institucional. En el centro de las críticas, y en un contexto de profunda desconfianza ciudadana por los escándalos de corrupción, el vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) y presidente del Consejo de la Magistratura, Claudio Saúl, encendió la polémica al asegurar que es víctima de una «operación política» destinada a «desprestigiar» al máximo órgano judicial de la provincia.
El «desmentido del desmentido» que alimenta la tensión
Saúl se refirió directamente a la jueza de Instrucción de Chamical, Adriana Loureiro, quien está siendo investigada por el Consejo de la Magistratura, y desmintió la información sobre su posible jubilación:
La operación: «Es una operación política hacia el Consejo de la Magistratura y al Tribunal Superior de Justicia y yo lo digo con todas las letras, una operación política para el desprestigio de mi persona».
El juez aseguró que, tras consultarlo con el presidente del TSJ, no existe registro de que Loureiro haya presentado la certificación de servicio ni, mucho menos, la «renuncia» —el requisito esencial para iniciar el trámite jubilatorio—, lo que demostraría la intencionalidad política detrás de los rumores.
La corrupción como telón de fondo de la crisis
La defensa de Saúl se da en un contexto sensible, donde la ética judicial está bajo un escrutinio sin precedentes tras la destitución de la exjueza Norma Abate de Mazzucchelli por pedir una coima de $8 millones.
El vocal se mostró intransigente con la corrupción, revelando que él mismo fue quien llevó una denuncia de un ciudadano a la Fiscalía para que se investigara un presunto pedido de 80 mil dólares para modificar un fallo. Este gesto fue, según él, un acto de responsabilidad: “No puedo mirar para otro lado, tengo la obligación de que la sociedad mantenga la confianza pública en quienes administramos justicia”.
- Avance en el Consejo: Saúl reconoció que el Consejo tuvo «demoras iniciales» en sus expedientes, pero aseguró que ya se integraron las comisiones y que «dos expedientes ya tienen dictamen para ser tratados en juicio político».
El vocal del TSJ concluyó reafirmando que “La confianza pública es un valor esencial” y advirtió que no protegerá a ningún magistrado con pruebas en su contra, pero que llevará a la Justicia a aquellos que intenten difamarlo sin fundamentos. El Poder Judicial riojano se juega su legitimidad en esta tensa pulseada entre la autodepuración y la guerra política.
