Oscar Nicolás Luna ratificó el alineamiento político con el intendente Armando Molina y reveló que los funcionarios presentaron su dimisión hace meses como un «gesto». Además, explicó la situación legal de las «Uber Motos», la falta de seguros habilitantes y la mesa de diálogo con los taxistas para garantizar una competencia justa.
En medio de un clima de reordenamiento político en la provincia de La Rioja, el Secretario de Gobierno Municipal, Oscar Nicolás Luna, confirmó que todo el gabinete del Palacio Ramírez de Velasco presentó su renuncia a disposición del intendente Armando Molina. La medida, que busca dar libertad de acción al jefe comunal para oxigenar su gestión, se suma a la tensión por el conflicto del transporte y la crisis económica nacional.
«Nosotros hemos presentado la renuncia, todo el gabinete municipal, allá por septiembre. Fue un gesto para poner los cargos a disposición de nuestro intendente», reveló Luna en una entrevista televisiva, alineándose con la estrategia de «servidores públicos» que también replicó el gobierno provincial. Según el funcionario, la decisión busca facilitar cualquier proceso de reestructuración que la conducción considere necesaria ante la «extrema gravedad institucional que vive el país».
La batalla por el transporte: Taxis vs. Uber
Uno de los puntos más calientes de la gestión local es la disputa entre los taxistas tradicionales y las nuevas plataformas digitales, específicamente la modalidad de «Uber Moto». Al respecto, Luna fue categórico sobre el rol del Estado: «El municipio tiene que ser el equilibrista en un mercado entre la oferta y la demanda».
El funcionario detalló que, tras la reglamentación de la ordenanza 648 este año, ya existen 120 vehículos con legajo habilitado y obleas colocadas para operar con aplicaciones. Sin embargo, encendió una luz de alerta sobre el servicio de transporte en motocicletas, un reclamo central de los taxistas.
«Uber Moto está legislado, pero tiene un problema: no hay seguros habilitantes para el transporte de personas en motovehículos», explicó Luna, señalando un vacío legal en la cobertura que impide garantizar la seguridad del pasajero. «Si no tienen seguro, no tienen legajo, y si no tienen legajo, son transportistas irregulares», sentenció, confirmando que se intensificarán los operativos de control en conjunto con la policía provincial.
Para destrabar el conflicto, el municipio estableció una «mesa de trabajo» que se reúne semanalmente con los representantes del volante. El objetivo, según el secretario, es lograr una «competencia justa» donde incluso los taxis y remises puedan utilizar las plataformas digitales, algo que la normativa actual ya permite.
Gestión «por administración» y el reclamo federal
En el plano económico, Luna defendió el modelo de obra pública por administración directa, destacando que la mayoría de las intervenciones urbanas —desde el bacheo hasta la recuperación de espacios verdes— son ejecutadas por empleados municipales y no por empresas tercerizadas. «Hemos bajado mucho los costos y esa rentabilidad ahora va a los trabajadores a través de adicionales», aseguró, poniendo en valor el «capital humano» de la comuna.
Finalmente, el secretario se refirió a la asfixia financiera que atraviesan las provincias y respaldó el reclamo del gobernador Ricardo Quintela ante la Nación por los fondos coparticipables retenidos. «Son fondos de los riojanos. Es un fondo de compensación que han respetado todos los presidentes desde la vuelta a la democracia, excepto el actual», concluyó, en una clara crítica a la administración de Javier Milei.
