A pocos días del recambio legislativo, Fernando Rejal y otros tres senadores disidentes amenazan con quebrar la unidad de Unión por la Patria si no les ceden un silla en la Auditoría. El exministro de La Rioja, Ricardo Guerra, es el nombre de la discordia.
La inminencia del fin de año legislativo desató una ola de negociaciones de último minuto que amenaza con redibujar el mapa de poder en el Senado. Mientras el oficialismo sueña con arrebatarle la primera minoría al peronismo tras la elección del 26 de octubre, una rebelión interna en las filas de Unión por la Patria pone en jaque la estrategia de José Mayans y Cristina Kirchner.
En el centro de esta tormenta se encuentra un grupo de cuatro senadores que responden a gobernadores distanciados del kirchnerismo, entre ellos el riojano Fernando Rejal, alfil del gobernador Ricardo Quintela.
Bajo el sello de Convicción Federal, este subgrupo —que completan el catamarqueño Guillermo Andrada, la jujeña Carolina Moisés y el puntano Fernando Salino— ha lanzado un ultimátum: quieren una de las sillas vacantes en la Auditoría General de la Nación (AGN) o, de lo contrario, romperán el bloque.
El peronismo pretende nombrar a dos de los tres auditores que corresponden al Senado antes del 10 de diciembre, sabiendo que con la nueva composición de la Cámara perderá fuerza. Sin embargo, Rejal y sus aliados exigen que uno de esos lugares sea para un hombre propio. El nombre que pusieron sobre la mesa es el de Ricardo Guerra, exsenador y exministro de Economía de La Rioja, quien ocupó la banca de Carlos Menem tras su fallecimiento.
Quintela y el juego a dos puntas
La jugada de Rejal no puede leerse aislada de los movimientos de Ricardo Quintela. Mientras el gobernador riojano mantiene un discurso público de confrontación con la Casa Rosada desde la «liga opositora», sus terminales en el Congreso negocian con pragmatismo.
El «Gitano» busca capitalizar la debilidad de la conducción nacional del PJ, golpeada tras la condena a la expresidenta, para ganar espacios de poder real. La postulación de Guerra para la AGN es una muestra de que el interior ya no acepta el «dedo» del Instituto Patria sin cobrar peaje.
En paralelo, Quintela participa del armado de la agenda del Norte Grande, cuya presidencia recayó el jueves en el catamarqueño Raúl Jalil. Desde allí, los gobernadores lanzaron un nuevo reclamo fiscal al gobierno de Javier Milei, exigiendo la coparticipación de los ATN y el pago de deudas previsionales.
Santilli y la «modernización» laboral
Mientras el peronismo se desgasta en estas internas, el Gobierno avanza. El flamante ministro del Interior, Diego Santilli, desembarcó el viernes en Santiago del Estero para reunirse con Gerardo Zamora, otro gobernador que juega al fleje.
Santilli sabe que la división del peronismo es música para los oídos de la Casa Rosada. Si el bloque de UP se rompe por la presión de los senadores de La Rioja y Catamarca, el oficialismo quedará a un paso de consolidar una mayoría circunstancial clave para aprobar las reformas que vienen.
Entre ellas, la «modernización laboral». El peronismo, anticipándose a la jugada, ya prepara su propia versión desde la UMET, con un proyecto que busca regular el trabajo de plataformas pero salvaguardando las cajas sindicales y la ultraactividad de los convenios.
La semana que comienza será decisiva. Si Mayans no cede ante el reclamo de Rejal y los federales, el peronismo podría llegar al 10 de diciembre más fragmentado que nunca, regalándole a Milei la foto de un triunfo político que las urnas le dieron por un margen ajustado.
