El oficialismo logró la sanción de la «ley de leyes» y la norma impositiva argumentando un contexto de «ahogo financiero» por parte de la Nación. La UCR rechazó la iniciativa calificándola de «trámite exprés» y advirtió sobre la delegación de facultades al Ejecutivo. Además, Teresita Luna fue designada como nueva secretaria legislativa.
En una maratónica sesión que combinó debates técnicos con emotivas despedidas de legisladores que finalizan su mandato, la Cámara de Diputados de La Rioja aprobó este jueves el Presupuesto General de la Administración Pública para el ejercicio 2026. El debate estuvo polarizado entre un oficialismo que defendió el proyecto como una herramienta de «emergencia» ante la falta de recursos nacionales y una oposición que denunció la falta de transparencia y la inconstitucionalidad de ciertos artículos.
La sesión, presidida por el vicepresidente primero Claudio Ruiz y con la presencia de la vicegobernadora Teresita Madera, también sirvió para sancionar la nueva Ley Orgánica del Tribunal de Cuentas y para oficializar cambios en las autoridades de los bloques y de la propia Cámara.
«Un presupuesto de emergencia»
El miembro informante del oficialismo, Oscar Chamía, fue el encargado de defender el proyecto. En su alocución, reconoció la precariedad de las proyecciones al definirlas como un cálculo realizado en base a los datos macrofiscales nacionales, citando una previsión de crecimiento del 5% al 6% y un dólar a 1.423 pesos para el próximo período.
«Este es un presupuesto de emergencia», sentenció Chamía, quien argumentó que la provincia sufre un recorte drástico de fondos por parte del gobierno nacional de Javier Milei. «Las expectativas de este presupuesto son nulas si es que no hay crecimiento económico», admitió, aunque destacó que la prioridad del gobierno de Ricardo Quintela es asegurar los salarios estatales: «La garantía es que ningún riojano va a quedar sin trabajo, que ningún riojano que está cobrando sueldo del Estado va a quedar sin el sueldo».
Chamía detalló el impacto del recorte de fondos extracoparticipables y la paralización de la obra pública, asegurando que la provincia ha debido hacerse cargo de programas de salud y educación abandonados por la Nación. «Hoy la Nación le debe a la provincia ya casi millones de dólares… estamos discutiendo en los foros judiciales el reclamo permanente», agregó.
El rechazo radical: «Un cheque en blanco»
Desde la vereda de enfrente, la diputada Kelina Rodríguez (UCR) fundamentó el rechazo de su bloque con duras críticas al procedimiento y al contenido de la ley. Rodríguez cuestionó la falta de presencia de ministros para explicar las partidas y calificó el tratamiento como un «trámite exprés».
«No vamos a entregar un cheque en blanco convalidando lo actuado por el poder ejecutivo», disparó la legisladora radical. Su crítica se centró en la delegación de facultades prevista en el articulado, especialmente en el artículo 6, el cual consideró «totalmente inconstitucional» por delegar funciones propias de la Cámara a una comisión reducida.
Rodríguez también advirtió sobre la rigidez del gasto: «El 93% es para gastos corrientes, la mínima variación en esos gastos corrientes inmediatamente anulamos todo lo que es crecimiento, desarrollo y obras». Además, cuestionó la falta de respuestas sobre la deuda de la provincia, el «Bono Verde» y las operaciones de las empresas estatales (SAPEM). «Falta transparencia, previsibilidad y tiene aspectos y notas de carácter inconstitucional», concluyó antes de adelantar su voto negativo también para la ley impositiva, la cual fue aprobada posteriormente por la mayoría oficialista.
Cambios en el Tribunal de Cuentas y nuevas autoridades
Durante la jornada, también se aprobó la nueva Ley Orgánica y de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas. El diputado Carlos Machicote destacó que la norma reemplaza a una vigente desde 1986 y moderniza los procesos de control, incorporando la figura del «control concomitante» para agilizar y transparentar la auditoría de los fondos públicos.
En el plano institucional, se aceptó la renuncia del secretario legislativo Juan Manuel Ártico y se aprobó, con la abstención de la propia interesada, la designación de la actual diputada Teresita Luna para ocupar ese cargo a partir de diciembre. Luna, en su discurso de despedida de la banca, agradeció la confianza y llamó a «construir una legislatura moderna, transparente y eficiente».
Asimismo, el bloque justicialista anunció sus nuevas autoridades: Cristian Pérez asumirá como presidente, acompañado por Carla Aliendro como vicepresidenta y Luis Rojo como secretario. Por su parte, la UCR confirmó que Kelina Rodríguez liderará la bancada radical tras la salida de Gustavo Galván.
Tensión por una impugnación
Uno de los momentos de tensión se vivió con el ingreso de una impugnación contra la diputada electa Andrea Juárez, presentada por una ciudadana particular bajo denuncias de supuesta inconducta ética.
Tras un cuarto intermedio, el diputado Cristian Pérez informó que la impugnación no prosperaría al no haber sido presentada por un sujeto legitimado (diputado, partido político o poder ejecutivo), aunque aclaró que la documentación se remitiría a la Comisión de Asuntos Constitucionales para su seguimiento, sin impedir la asunción de la legisladora electa.
La sesión concluyó con un clima emotivo, donde legisladores de todos los espacios políticos, incluidos Gabriela Amoroso, Gustavo Galván, Carlos Machicote y Luis Villagra, brindaron discursos de despedida reivindicando la política como herramienta de transformación y agradeciendo el respeto en la convivencia democrática a pesar de las diferencias ideológicas.
