Se trata de Gabriel Saine y Collante, quienes habían acusado públicamente a miembros de la Corte provincial de pedir sobornos a cambio de un fallo. El juez Claudio Saúl calificó la ausencia como una maniobra dilatoria y aseguró: «Es una mentira y una injusticia».
La crisis institucional que sacude al Poder Judicial de La Rioja sumó un nuevo capítulo de incertidumbre este viernes. Gabriel Saine y Collante, quienes habían denunciado públicamente —a través de videos y escritos— un presunto pedido de coimas por 80 mil dólares por parte de miembros del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), no se presentaron a la citación judicial prevista para ratificar sus dichos y aportar pruebas.
El faltazo de los acusadores, que debían comparecer ante la Justicia provincial para formalizar la grave denuncia mediática, fue confirmado por el propio juez del TSJ, Claudio Saúl, uno de los magistrados apuntados en la maniobra. En una entrevista con medios locales, Saúl no ocultó su indignación y contraatacó asegurando que la ausencia de los denunciantes responde a una falta de argumentos y a una estrategia para «desacreditar» a la institución.
«La democracia les dio la oportunidad de ir y declarar ante un juez, pero no fueron», disparó Saúl. Según el magistrado, en lugar de presentarse, los denunciantes interpusieron recusaciones contra la jueza de la causa, una medida que en los pasillos de tribunales se lee como una táctica para dilatar el proceso y estirar el escándalo mediático sin consecuencias legales inmediatas.
El caso tiene un alto impacto político y social en La Rioja. La denuncia original sostenía que un allegado a un miembro del máximo tribunal había solicitado esa suma en divisa extranjera en un bar céntrico de la capital riojana a cambio de revertir un fallo adverso. La gravedad de la acusación derivó en pedidos de juicio político y puso en jaque la credibilidad de la «última instancia» de la justicia provincial.
Saúl, quien se puso a disposición de la investigación ofreciendo sus contraseñas de correo y teléfono celular, advirtió que no dejará pasar el agravio. «Para mí es una mentira, una falacia. Me voy a inhibir de la causa por deber moral, pero voy a iniciar querellas por daños y perjuicios», adelantó el juez, marcando que la paciencia del tribunal se ha agotado.
La situación expone una fractura peligrosa entre la ciudadanía y el sistema judicial riojano. Mientras las acusaciones circulan viralmente en redes sociales socavando la confianza pública, la formalización de las mismas en el expediente se demora. Para el oficialismo judicial, se trata de una «industria de la recusación» y el escrache sin pruebas; para la opinión pública, es otro síntoma de una justicia que necesita transparentar sus actos de inmediato.
Por ahora, la causa por el supuesto cohecho queda en un limbo procesal, a la espera de que se resuelvan los planteos técnicos, mientras la sospecha sigue instalada en la cima del poder judicial de la provincia.
