Tras una auditoría que reveló que solo resolvía el 18% de los expedientes, el organismo admitió la denuncia impulsada por la Asociación Madres del Dolor. Se analizan irregularidades en la investigación de homicidios y siniestros viales en Chamical.
El Consejo de la Magistratura de La Rioja decidió avanzar en la investigación contra la jueza Adriana Loureiro, titular del Juzgado de Instrucción de la Tercera Circunscripción Judicial con sede en Chamical. La medida responde a una denuncia por mal desempeño y morosidad judicial, sustentada en un informe de auditoría del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que arrojó cifras contundentes sobre la inacción en su juzgado.
La denuncia, impulsada por la Asociación Madres del Dolor, puso el foco en la paralización de expedientes sensibles. Según detalló el abogado de la querella en declaraciones a Medios Rioja, los números de la auditoría fueron determinantes para la apertura del proceso: «De 10 causas que le llegaban a la señora, resolvía dos con suerte. Eso es lo que reveló el Tribunal Superior de Justicia».
El letrado explicó que el informe oficial detectó un índice de resolución de apenas el 18%, una estadística que calificó de «alarmante». Si bien el comunicado oficial del TSJ fue escueto, la admisión de la denuncia abre un plazo de 15 días para definir la situación procesal de la magistrada.
El caso Collante, el punto de quiebre
El detonante de la presentación judicial fue la investigación por el homicidio de Gustavo Collante, una causa en la que se cuestionó severamente el accionar de Loureiro. «El punto de inflexión vino por la causa Chumbita, que se está tratando por el homicidio de Gustavo Collante, en donde la jueza nos nulificó pruebas de alcoholemia que benefician al imputado», señaló el representante legal.
A partir de este hecho, la Asociación Madres del Dolor decidió intervenir y patrocinar la denuncia ante el Consejo. No es el único expediente bajo la lupa; también se mencionaron irregularidades en la causa de Santiago Xima, un joven hallado muerto en la ruta a Olta, cuyo caso fue caratulado inicialmente como accidente y archivado pese a las dudas de la familia.
«Hay muchos casos, muertes que nunca se han llegado a resolver», agregó el abogado, quien recordó que en el caso Xima «todo indicaba que no era así» (un simple accidente), pero la causa se cerró argumentando falta de testigos.
Marcha y reclamo social
La situación generó un fuerte malestar en la comunidad de Chamical. Desde la querella confirmaron que la Asociación Madres del Dolor convocó a una marcha frente a los tribunales para «poner en visibilidad el caso y el reclamo».
El letrado también apuntó contra la dirigencia política local por la falta de intervención durante la última década: «Hay una ausencia total de presencia de los representantes que tenemos en Chamical, diputados e intendentes. Esta situación viene hace 10 años y nunca han realizado nada».
Finalmente, el abogado aclaró que la admisión de la denuncia bloquea cualquier intento de la magistrada de evitar el proceso mediante el retiro: «Habiendo admitido la denuncia, no corresponde beneficios de jubilación. Tiene que continuar, es una situación que tiene que dar una respuesta a la ciudadanía».
