Se trata de Adriana Loureiro y Virginia Illanes Bordón. La Cámara de Diputados aceptó sus dimisiones mientras el Consejo de la Magistratura avanzaba con investigaciones por irregularidades en expedientes de homicidios y abusos sexuales.
En un día clave para el sistema judicial del interior de La Rioja, se confirmaron las renuncias de dos magistradas cuestionadas por su labor. La Cámara de Diputados aceptó la dimisión de la jueza de Instrucción de Chamical, Adriana Beatriz Loureiro, y de su par de Chilecito, Virginia Illanes Bordón. Ambas enfrentaban procesos de investigación en el Consejo de la Magistratura por presunto mal desempeño y demoras injustificadas en la resolución de causas sensibles.
La salida de Loureiro se da en un contexto de fuerte presión social e institucional. La ahora exjueza había sido denunciada por la Asociación Madres del Dolor y contaba con informes críticos del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que alertaban sobre el estado de su juzgado.
Un juzgado «en llamas» y la defensa de Loureiro
La investigación contra Loureiro cobró fuerza tras detectarse «demoras significativas» en expedientes de gravedad, como tentativas de homicidio y abusos sexuales, que en algunos casos llevaban años sin resolución. Según informes de auditoría, el juzgado de Chamical presentaba un alto índice de causas paralizadas y falta de registros históricos.
Semanas atrás, ante el avance de las denuncias, Loureiro había roto el silencio para defender su gestión, argumentando falta de personal y recursos al momento de asumir. “No soy corrupta ni coimera. Soy sincera, transparente y honesta”, había declarado la magistrada, intentando despegarse de las acusaciones de irregularidades.
En su descargo público, Loureiro describió un escenario caótico: “Me encontré con un juzgado totalmente en llamas. Había causas desde el año 2000, 2005, incluso algunas de los 80 y 90 que nunca se resolvieron”. Sin embargo, estas explicaciones no frenaron el proceso en su contra.
La reacción de las víctimas
La posibilidad de que Loureiro se acogiera a la jubilación o renunciara para evitar el jury de enjuiciamiento había generado rechazo en las organizaciones de familiares de víctimas. Mirta Collante, referente de Madres del Dolor, había calificado la situación como una burla: “Nos dieron una cachetada. Vamos a movilizarnos porque esto es impunidad. No puede jubilarse sin rendir cuentas”.
Finalmente, con la aceptación de la renuncia, se cierra la etapa de Loureiro al frente del juzgado, aunque queda abierta la discusión sobre la responsabilidad funcional y el estado de las causas que quedaron pendientes. La Legislatura deberá ahora iniciar el proceso para cubrir las vacantes en ambas circunscripciones judiciales.
