El fiscal de Estado provincial, Emilio «Dito» Rodríguez, confirmó que el Gobierno nacional aceptó abrir una instancia de diálogo judicial. Buscan regularizar el envío de recursos compensatorios que no se pagan desde 2023.
Un nuevo capítulo se abrió en la disputa financiera entre la provincia de La Rioja y el Estado Nacional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) habilitó un proceso de conciliación entre las partes para intentar destrabar el conflicto por los fondos coparticipables adeudados, una demanda que la provincia mantiene desde 2017.
La novedad fue confirmada por el fiscal de Estado de La Rioja, Emilio «Dito» Rodríguez, tras una audiencia preliminar en el máximo tribunal. «Nos sorprendimos gratamente de la posición de la Nación, que fue aceptar esta instancia y comenzar un camino de concertación», señaló el funcionario en diálogo con Fénix Multiplataforma.
Un reclamo histórico
El conflicto tiene su origen en la pérdida de un punto de coparticipación que sufrió La Rioja en 1988. Desde entonces, los diferentes gobiernos nacionales enviaron fondos «extracoparticipables» o compensatorios para equilibrar las cuentas provinciales, una práctica que, según denunció Rodríguez, se interrumpió con la actual administración de Javier Milei.
«Desde el 2023 hasta ahora no se ha pagado un solo peso de esos recursos», advirtió el fiscal, quien dimensionó el impacto de este recorte en las arcas provinciales: «Es la mitad de lo que nos está ingresando por coparticipación. Si a La Rioja hoy le entran 100, le están faltando 50».
El rol de la política
La audiencia en la Corte se enmarcó en el artículo 360 del Código Procesal Civil y Comercial, permitiendo abrir una ventana de negociación política dentro del expediente judicial. Rodríguez estuvo acompañado por el constitucionalista Alberto García Lema y otros funcionarios provinciales, mientras que por la Nación asistió el subsecretario jurídico del Ministerio de Economía.
«Ahora es el momento de la política, tal vez el más difícil. Hay que poner en juego la cintura política para lograr este acuerdo», reconoció Rodríguez sobre la etapa que se inicia. El objetivo de máxima de la provincia es que los fondos adeudados puedan ser incluidos o regularizados en el Presupuesto 2026.
«Son recursos compensatorios que vinieron a compensar una situación de injusticia, reconocidos por todos los gobiernos nacionales que pasaron: Menem, De la Rúa, Macri, Néstor, Cristina y Alberto Fernández», enfatizó el fiscal, quien calificó el avance judicial como un «logro inmenso» para los abogados del Estado, aunque aclaró que la solución definitiva dependerá ahora de la voluntad política de la Casa Rosada.
