El gobernador de La Rioja destacó la intervención del máximo tribunal para destrabar recursos, asegurando que es una «oportunidad histórica». En enero de 2023, había empapelado la Casa de Gobierno con las caras de los jueces, pidiendo sus renuncias y llamando a que «se sepa dónde viven».
En los pasillos del cuarto piso del Palacio de Tribunales aseguran que «en la Corte no se olvidan de Quintela». La frase resuena con fuerza tras el reciente cambio de postura del gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien pasó de liderar una feroz embestida contra los jueces supremos a celebrar, esta semana, que el mismo tribunal le haya abierto una puerta de diálogo financiero con la Nación.
El mandatario anunció a través de sus redes sociales que la Corte Suprema habilitó un proceso de conciliación con el Estado Nacional por los fondos adeudados a la provincia. «Este paso no es un gesto aislado: es parte de una lucha que nuestra provincia viene sosteniendo desde hace muchísimos años», escribió Quintela, calificando la instancia como una «oportunidad histórica para saldar una deuda que lleva décadas».
Sin embargo, el tono institucional y componedor de hoy contrasta brutalmente con el archivo reciente. El 11 de enero de 2023, la Casa de Gobierno de La Rioja amaneció empapelada con gigantografías en contra de los jueces de la Corte Suprema.
«Que se sepa dónde viven»
En aquel verano, en plena guerra del kirchnerismo contra el Poder Judicial tras el fallo por la coparticipación a favor de la Ciudad de Buenos Aires, Quintela fue la punta de lanza de los gobernadores peronistas. Bajo el título «¿Quién es?», los carteles exhibían los rostros de Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, acompañados por la leyenda: «¡Juicio político! En defensa de la patria y el federalismo».
El gobernador no se limitó a la cartelería. En declaraciones públicas de alto voltaje, había pedido «visibilizarlos con nombre y apellido». Su objetivo era el escrache directo: «Que la cara de ellos se conozca, que se sepa dónde viven, cómo viven, de qué viven».
Por entonces, Quintela desconocía la legitimidad del cuerpo al que hoy acude. «Tienen que renunciar, los integrantes de la Corte se tienen que ir porque han desprestigiado este órgano», aseguraba, llegando a advertir que desacataría sus sentencias: «No les voy a hacer caso, ni voy a acatar fallos de ellos. Si me quieren venir a buscar, que me vengan a buscar».
Del «desacato» al «respeto»
Dos años después, y asfixiado financieramente por la gestión de Javier Milei —quien lo mantiene excluido de las mesas de negociación política—, Quintela encuentra en la Justicia su única tabla de salvación.
«Lo que hoy el gobierno nacional nos niega con convocatorias selectivas al diálogo, se abre camino a través de la justicia», expresó el gobernador el pasado 3 de diciembre. En un giro pragmático, ahora pondera al tribunal como garante del federalismo: «Lo celebramos no por confrontar, sino porque es un acto de respeto hacia nuestra identidad federal».
Mientras la provincia busca recuperar recursos clave para su subsistencia, Quintela intenta dejar atrás los tiempos en los que llamaba a la rebelión contra los mismos magistrados que hoy deben laudar en su favor. Su nueva consigna, lejos de los escraches, es: «Conciliar para acordar. Acordar para garantizar».
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