El exdiputado provincial Emilio Lucero acusó a los magistrados de percibir adicionales por antigüedad y «función política» basándose en normas anuladas hace décadas. Asegura que se trata de un delito y apunta contra la cúpula judicial por cobrar jubilación y sueldo a la vez.
Una fuerte polémica sacude los cimientos del Poder Judicial de La Rioja. El exdiputado provincial Emilio Lucero lanzó una denuncia de alto impacto contra los integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a quienes acusó de liquidarse sueldos con adicionales «totalmente ilegales» amparados en leyes que fueron derogadas en los años 90.
En diálogo con Fénix Multiplataforma, Lucero expuso lo que considera una maniobra irregular de los magistrados para abultar sus haberes. El foco del conflicto está puesto en el ítem de antigüedad y en el adicional por función política, que según el exlegislador, se estarían pagando bajo normativas inexistentes.
«Ellos se basan en una ley derogada y derogada por uno de los que hoy es juez, que es vocal, el Quito Saú», disparó Lucero, refiriéndose a la Ley 4269. Según su explicación, esa norma fue anulada en 1993 (por la Ley 5696) durante la gestión de Beder Herrera en la Legislatura, por lo que no podría utilizarse como base de cálculo actual.
«Una justicia corrupta»
La acusación de Lucero apunta al corazón de la administración de justicia riojana. El dirigente sostiene que, tras la suspensión de la antigüedad por emergencia económica, los jueces volvieron a cobrarla enganchándose de una norma caduca.
«Es totalmente ilegal, porque nunca se tendrían que haber basado en la ley 4269 para fijarse la antigüedad», explicó. Y agregó con dureza: «Cualquier ítem que sea, cualquier sueldo que sea, del monto que sea, es ilegal. Esto es un delito».
La denuncia no tardó en tener respuesta oficial. El actual presidente del TSJ, Claudio Ana, publicó un comunicado desmintiendo las acusaciones y asegurando que los pagos se ajustan a derecho. Sin embargo, Lucero redobló la apuesta y cuestionó la legitimidad de Ana para opinar: «Él está acusado, es uno de los que firmó el acuerdo» para habilitar estos pagos en 2016.
La polémica por la «Función Política» y los dobles sueldos
Más allá de la antigüedad, Lucero abrió otro frente de tormenta: el cobro del adicional por «función política» al 100%. Según detalló, este beneficio se originó en un decreto de necesidad y urgencia (543/2008) que «no ha sido ratificado por la Cámara», lo que lo tornaría inválido.
«Los intendentes y los concejales no lo perciben, pero sí lo percibe el gobernador, los diputados, los ministros y los jueces», reclamó.
Como broche de oro a su descargo, el exdiputado denunció una supuesta incompatibilidad de ingresos en la cúpula judicial, asegurando que hay magistrados que cobran su haber como activos y, a la vez, una pensión vitalicia. «Están cobrando doble sueldo, que es el sueldo del gobernador. Es aberrante esto», sentenció Lucero, advirtiendo que esta situación compromete la validez de las decisiones institucionales tomadas por lo que definió como «una justicia corrupta».
