La Sala Acusadora desestimó por unanimidad la denuncia al considerar que carecía de sustento probatorio. El juez Claudio Saúl calificó la acusación de «irresponsable» y confirmó que iniciará acciones penales contra los denunciantes por las «calumnias e injurias» recibidas.
La Sala Acusadora de la Cámara de Diputados de La Rioja rechazó los pedidos de juicio político contra los integrantes del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), poniendo fin a un proceso que había generado fuerte tensión institucional en la provincia. La decisión fue tomada por unanimidad, argumentando la falta de pruebas y la inconsistencia en la denuncia presentada.
El juez del TSJ, Claudio Saúl, rompió el silencio tras el fallo legislativo y cargó con dureza contra la presentación, a la que tildó de carecer de «seriedad institucional». En declaraciones a Fénix Multiplataforma, el magistrado sostuvo que la denuncia original no aportaba elementos mínimos para sostener una acusación de tal gravedad.
«No se puede someter a funcionarios públicos con tamaña irresponsabilidad», afirmó Saúl, quien explicó que la acusación se basaba en el supuesto pedido de una coima por parte de un intermediario en nombre de un juez, pero sin precisar datos claves.
Según detalló el magistrado, la denuncia adolecía de graves defectos de forma y fondo: «Se denunciaba que un intermediario en nombre de un juez había pedido una coima, pero a los que nos sometieron fueron a cuatro», cuestionó. Además, remarcó la vaguedad del relato: «Decía que en un bar céntrico de la ciudad… ¿Cuántos bares céntricos hay? Si tenía el conocimiento preciso, al menos debía decir el nombre del lugar».
Una denuncia «sin sustento»
Para Saúl, el rechazo de la Sala Acusadora pone en evidencia que la presentación judicial fue utilizada con fines de descrédito político y personal, más que como una herramienta de control institucional.
El juez enfatizó que la gravedad del hecho radica en que los denunciantes son operadores del derecho que conocen los procedimientos. «Se agrava cuando profesionales y operadores del derecho participan en este tipo de denuncias sin aportar ni un mínimo elemento», disparó.
El magistrado relató que, ante la acusación, se puso a disposición de la Justicia y solicitó que los denunciantes ratificaran sus dichos ante un juez de instrucción, algo que, según él, no ocurrió. «Pusieron trabas de carácter legal», aseguró, y agregó que presentó el expediente judicial ante la Cámara de Diputados para demostrar que «no solamente se burlaron de ustedes en no determinar estas circunstancias de tiempo, modo y lugar, sino que tampoco fueron a la justicia».
Contraataque judicial
Lejos de darse por satisfecho con el archivo del juicio político, Saúl anticipó que avanzará en los tribunales contra quienes impulsaron la acusación. El juez confirmó que ya está preparando querellas por calumnias e injurias.
«Voy a seguir insistiendo en el proceso penal, no lo voy a terminar», advirtió Saúl, visiblemente molesto por el daño a su reputación. «Nadie me desacredita de la manera que me han desacreditado. No lo permito más, porque no me merezco tamañas mentiras», sentenció.
El magistrado también hizo un llamado a terminar con lo que considera una práctica de «odio profesional» en La Rioja, donde las discusiones legales derivan en ataques personales. «Nos estamos aferrando a todas estas estupideces que la incapacidad intelectual a veces no les da para que sean lúcidos a la hora de reclamar», lanzó.
Renuncias y vacantes
Durante la entrevista, Saúl también se refirió a la situación de las juezas Ana Karina Becerra y Gabriela Asís (mencionadas en el video como «Doctora Loreiro» y «Doctora Yanes» por error fonético o referencia contextual, aclarado luego como renuncias que tornaron abstractos sus procesos). El juez explicó que, al haber renunciado y ser aceptadas sus dimisiones, el proceso de juicio político en su contra se volvió abstracto porque «el único objetivo es la destitución» y «ya no tenemos a quién destituir».
Sin embargo, aclaró que esto no las exime de las responsabilidades penales que pudieran corresponderles, investigaciones que siguen su curso por la vía ordinaria.
Finalmente, sobre la cobertura de las vacantes en el máximo tribunal riojano, Saúl indicó que es una potestad exclusiva del Gobernador y que el TSJ no tiene injerencia en los tiempos ni en los nombres que se propongan a la Legislatura. «Es un mecanismo que tiene el gobernador en el momento que lo considere oportuno», concluyó.
