Aunque el oficialismo logró la media sanción general, el rechazo al capítulo educativo y de discapacidad expuso las fisuras con los gobernadores «dialoguistas». Mientras Santilli intenta contener daños, la Casa Rosada ratifica su estrategia de bloqueo total contra el mandatario riojano, excluido de toda negociación.
El primer gran test legislativo tras el triunfo electoral del oficialismo dejó un sabor agridulce en Balcarce 50 y una certeza incómoda para el federalismo: la grieta política tiene, en La Rioja, su trinchera más profunda. Si bien el Gobierno consiguió la media sanción del Presupuesto 2026 —el primero de la era libertaria en alcanzar esta instancia—, la caída del Capítulo 11 encendió las alarmas sobre la fragilidad de los acuerdos con los mandatarios provinciales. En este escenario de lealtades líquidas, la figura de Ricardo Quintela emerge no por su participación en la mesa de negociaciones, sino por la confirmación de su destierro político absoluto por parte de la administración de Javier Milei.
El revés fue quirúrgico. El oficialismo vio cómo se desmoronaba el articulado que proponía la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia en Discapacidad, dos puntos sensibles que golpean directamente en la línea de flotación de las provincias dependientes de recursos federales. Sin embargo, la bronca en el Gobierno no se dirigió hacia los opositores acérrimos, sino hacia los aliados circunstanciales que prometieron gobernabilidad y entregaron disidencias.
«Este Presupuesto no nos sirve», llegaron a deslizar con hondo malestar fuentes oficiales, reconociendo que el triunfo en la votación en general se vio opacado por la pérdida de herramientas fiscales claves.
La Rioja, fuera del mapa de Santilli
Mientras los funcionarios nacionales «mastican bronca» contra gobernadores considerados aliados —como el catamarqueño Raúl Jalil, el tucumano Osvaldo Jaldo o el salteño Gustavo Sáenz—, la situación de La Rioja discurre por un carril diferente: el de la indiferencia institucionalizada.
El ministro del Interior, Diego Santilli, quien asumió el rol de artífice de los acuerdos el pasado 20 de noviembre, desplegó una agenda frenética: recibió a 18 de los 24 mandatarios y encabezó un rally por diversas jurisdicciones para blindar los votos. Sin embargo, el filtro ideológico de Milei se mantuvo inalterable. Ricardo Quintela integra, junto a Axel Kicillof (Buenos Aires) y Gildo Insfrán (Formosa), la lista corta de gobernadores «vetados» por el Presidente.
A diferencia de Jaldo o Jalil, cuyos diputados apoyaron en general pero soltaron la mano en el inciso universitario, el peronismo riojano se mantiene en una oposición frontal. Para la Casa Rosada, la caída del Capítulo 11 a manos de diputados provincialistas y del peronismo díscolo valida la tesis de que, aun negociando, los resultados no están garantizados. Sin embargo, el «no diálogo» con La Rioja sugiere que la asfixia financiera y política sobre la provincia continuará siendo política de Estado, independientemente de la suerte del Presupuesto en el Senado.
El costo de la «traición» aliada
La votación expuso la fragilidad de la estrategia de Santilli. Diputados que responden a Rolando Figueroa (Neuquén) y al propio Jalil bajaron el pulgar al entramado que recortaba fondos educativos. «Cumplimos con la parte institucional y votamos para que el país tenga Presupuesto después de dos años… pero marcamos límites», se justificaron desde la órbita de uno de los gobernadores del norte que, a diferencia de Quintela, sí tiene teléfono abierto con la Rosada.
El análisis que hacen en los despachos cercanos a Milei es pragmático y crudo. Un diputado que orbitó la negociación analizó: «Discapacidad y educación son temas muy sensibles. Las marchas universitarias doblegaron de gente a la movilización de la CGT. Hay que votar contra eso y después salir a la calle, eh».
Esta lectura resuena con fuerza en La Rioja, donde el sistema universitario y la asistencia social dependen críticamente del flujo de fondos nacionales. La paradoja política es evidente: mientras los gobernadores «amigos» traicionaron la confianza libertaria en puntos clave para no pagar el costo social en sus provincias, Quintela —enemigo declarado— capitaliza el rechazo al recorte universitario desde la vereda de enfrente, sin haber tenido que negociar ni ceder ante Santilli.
Un futuro incierto en el Senado
Con la media sanción bajo el brazo, pero herido en su «músculo político», el Gobierno mira ahora hacia el Senado, donde el debate se retomará el día después de Navidad.
Para La Rioja, el mensaje que deja la Cámara Baja es doble. Por un lado, la confirmación de que los fondos para universidades y discapacidad tienen una guardia pretoriana transversal que excede al kirchnerismo, lo cual es un alivio para las arcas provinciales. Por otro, la certeza de que el «veto» a Quintela no es una cuestión de coyuntura, sino una decisión estratégica de Javier Milei: ni siquiera la necesidad de votos urgentes habilitó un canal de diálogo con el mandatario riojano.
Mientras Santilli intenta explicar que «no todos consiguieron trasladar el mensaje a sus propias bancadas», en referencia a los aliados que fallaron, La Rioja observa desde afuera, consolidada como el antagonista necesario en la narrativa oficial, en un mapa político donde la «traición» de los amigos duele más que la resistencia de los enemigos.
