La intendenta Adriana Olima gestionó el reemplazo el 10 de diciembre, pero el equipo de $14 millones aún no llegó; el Ministerio de Agua aplica medidas de emergencia y admite complicaciones por las lluvias.
La localidad de Chañarmuyo enfrenta un cierre de año crítico en materia de servicios básicos. La rotura de una bomba de abastecimiento esencial dejó al pueblo sin suministro regular de agua potable, desatando una carrera contrarreloj entre la burocracia estatal y la urgencia de los vecinos. El Ministerio de Agua y Energía de la Provincia reconoció oficialmente el colapso del servicio y admitió que la solución definitiva depende de una inversión millonaria que todavía no se concretó.
El conflicto expone los tiempos de la administración pública frente a las emergencias. Según la información oficial, la intendenta del departamento Famatina, Adriana Olima, había elevado formalmente el pedido de restitución del equipo el pasado 10 de diciembre, fecha en la que se constató que la bomba había resultado «quemada». Sin embargo, a casi 20 días del incidente, el reemplazo no llegó.
El costo del equipamiento se convirtió en un obstáculo financiero en medio de la crisis: “El valor estimado del equipamiento solicitado asciende a 14 millones de pesos, de acuerdo a precios de mercado”, detallaron desde la cartera de Agua, justificando las demoras en las «gestiones administrativas» necesarias para liberar los fondos.
Soluciones «parche» y el factor climático
Ante la imposibilidad de contar con la perforación principal, la delegación local de la Secretaría de Agua debió recurrir a mecanismos de contingencia que evidencian la precariedad del sistema. Se implementaron “medidas provisorias, realizando una captación de agua mediante drenes en el río” para intentar inyectar caudal a la red y suplir la falta de la bomba.
Sin embargo, la estrategia de emergencia chocó contra el clima. Las lluvias registradas en las últimas horas en la zona provocaron crecidas que enturbiaron la fuente alternativa y “afectaron la red de distribución de agua, generando complicaciones en el sistema”, lo que agravó el malestar en la comunidad.
Desembarco de funcionarios
Con el conflicto escalando y el servicio resentido, el Gobierno provincial decidió enviar funcionarios al territorio para contener la situación política y social. En horas de la mañana se hicieron presentes la subsecretaria de Agua, Martha Barrionuevo, y el director de Agua Potable, Carlos de la Fuente.
Ambos funcionarios llegaron con la orden de “supervisar la situación y coordinar las acciones necesarias para restablecer el servicio en el menor tiempo posible”, aunque sin plazos certeros sobre cuándo estará operativa la nueva bomba de 14 millones. Desde el Ministerio aseguraron que se continúa trabajando de manera articulada con las autoridades locales para brindar una solución integral, mientras los vecinos de Chañarmuyo esperan que la burocracia libere los recursos para volver a abrir la canilla.
