Los documentos históricos revelan que la adhesión a la Ley 23.548, pactada entre Menem y Alfonsín, contó con el aval legislativo «sin reservas» de todo el arco político provincial, incluido el futuro gobernador Luis Beder Herrera, quienes consideraron que el nuevo esquema satisfacía las aspiraciones locales.
La historia política de La Rioja suele reescribirse al calor de las necesidades financieras de turno. Sin embargo, los archivos de la Legislatura provincial guardan una verdad incómoda para el relato actual sobre la victimización financiera: la pérdida del punto de coparticipación en 1988 no fue un arrebato unilateral, sino un pacto institucional sellado con la firma de todos los sectores políticos.
Documentos oficiales de julio y agosto de 1988, a los que se tuvo acceso, desnudan la arquitectura del acuerdo entre el entonces gobernador Carlos Menem y el presidente Raúl Alfonsín. Lo que hoy se narra como un despojo histórico, en aquel invierno del 88 se celebró como un triunfo de la ingeniería política, avalado por el peronismo y acompañado por el radicalismo y sus aliados en la Cámara de Diputados.
El mito del despojo y la firma del consentimiento
El 6 de julio de 1988, el Poder Ejecutivo provincial, bajo la firma del Ministro de Hacienda Antonio Erman González y el Vicegobernador Alberto Cavero, envió a la Legislatura el proyecto para adherir a la Ley Nacional N° 23.548. El mensaje del Ejecutivo fue pragmático y urgente: advirtió que no adherir implicaría sanciones que crearían «serios problemas al desenvolvimiento financiero provincial».
Pero lejos de presentar el nuevo esquema —que sustituía el coeficiente directo por un sistema de ATN (Aportes del Tesoro Nacional)— como una pérdida, el oficialismo lo abrazó.
La prueba irrefutable de este consenso yace en el despacho de la Comisión de Presupuesto y Hacienda. El documento, que lleva la firma de quien décadas más tarde gobernaría la provincia, Luis Beder Herrera, junto a otros legisladores como Agustín de la Vega y Eusebio Páez, sentencia una frase que hoy resuena con ironía histórica:
«Consideramos que el régimen transitorio de distribución de los recursos fiscales entre la Nación y las Provincias satisface las aspiraciones de nuestra Provincia en materia de Coparticipación Federal».
Esa declaración, plasmada en papel oficial, desmorona la teoría de la imposición. La clase política riojana de la época no solo aceptó el cambio; declaró formalmente que el acuerdo satisfacía sus aspiraciones.
Una ley «sin limitaciones ni reservas»
El trámite legislativo culminó con la sanción de la Ley Provincial N° 5.054 el 4 de agosto de 1988. El texto de la norma es lapidario en su artículo primero. La Legislatura no dejó margen a la duda ni al reclamo futuro:
«Acéptase sin limitaciones ni reservas lo establecido por la Ley Nacional N° 23.548… que fija el régimen transitorio de Coparticipación Federal de Impuestos».
La expresión «sin limitaciones ni reservas» constituye el nudo jurídico y político del asunto. Al aceptar el régimen de esa forma, La Rioja renunció voluntariamente a cualquier litigio inmediato sobre el porcentaje, validando el pacto político de la cúpula Menem-Alfonsín. El decreto reglamentario posterior, firmado el 22 de agosto por el vicegobernador Cavero en ejercicio del Ejecutivo, terminó de blindar el acuerdo.
El silencio cómplice de la oposición
El análisis de la composición de la Cámara de Diputados de ese período (103° Periodo Legislativo 1988-1989) confirma que la responsabilidad fue transversal. Si bien el Partido Justicialista ostentaba mayoría, el cuerpo contaba con representantes de la Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y la Democracia Cristiana (DC).
Nombres como Juan Bautista Bustos Fierro o Nicolás Julián De la Fuente figuran en las listas de autoridades y legisladores presentes. No existen en los despachos de mayoría ni en el texto final de la ley constancias de disidencias feroces o rechazos categóricos por parte de la oposición radical.
El contexto político nacional explica este fenómeno: Alfonsín necesitaba la ley para ordenar el frente fiscal con las provincias, y Menem, ya lanzado en su carrera presidencial, necesitaba los fondos frescos de los ATN para aceitar su campaña y gestión sin depender de un goteo automático rígido. Fue un quid pro quo clásico: discrecionalidad a cambio de gobernabilidad.
La herencia del «régimen transitorio»
Lo que nació como un «régimen transitorio» en 1988 se cristalizó en el tiempo, transformando la estructura financiera de La Rioja. La dependencia de los fondos extracoparticipables, que hoy se reclama como una deuda de la Nación, tiene su origen en esa aceptación voluntaria y unánime.
La clase dirigente de La Rioja, tanto la que gobernaba como la que controlaba desde la oposición, validó el sistema. Las firmas de Beder Herrera en la comisión y la promulgación de leyes que aceptaron todo «sin reservas» demuestran que el «punto de coparticipación» no se perdió en una batalla; se entregó en una mesa de negociación donde todos los comensales se levantaron satisfechos.
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