El gobierno provincial actualizó el cuadro tarifario con valores que desafían la capacidad contributiva local; la sanción máxima por alcoholemia trepó a $1.348.000, mientras que la Jefatura de Policía negó un fin recaudatorio y apeló a la «conciencia» ciudadana.
El 2026 comenzó con un duro golpe al bolsillo de los conductores riojanos. Desde el 1° de enero, el gobierno provincial aplicó una actualización drástica en el valor de las Unidades Fijas (UF) que rigen las infracciones de tránsito, llevando las sanciones a niveles prohibitivos para la economía media local. La medida, que elevó el costo de la multa máxima por alcoholemia por encima del millón trescientos mil pesos, expuso la decisión política de utilizar el rigor económico como principal herramienta de disciplinamiento social en las calles.
Con el valor de la unidad fija establecido en $1.685, la administración local endureció su postura frente a la siniestralidad vial, pero abrió un nuevo frente de conflicto: la desproporción entre los ingresos de los ciudadanos y los montos punitivos exigidos por el Estado.
El tarifazo vial: los números del ajuste
El nuevo esquema tarifario no admite gradualismos. Según la información oficializada, el cuadro de sanciones por alcoholemia positiva quedó escalonado de la siguiente manera, convirtiendo una infracción grave en un quebranto financiero para cualquier familia trabajadora:
- Mínima (200 unidades): El piso de la multa se ubicó en $337.000.
- Media (400 unidades): La sanción intermedia saltó a $674.000.
- Máxima (800 unidades): El tope de la penalidad alcanzó la cifra récord de $1.348.000.
Por otro lado, la falta de casco —una infracción endémica en el parque de motocicletas de la provincia— pasó a costar $126.375. Este monto impacta directamente en los sectores populares, donde la moto funciona muchas veces como única herramienta de transporte o trabajo.
La justificación oficial: «No es castigo, es prevención»
Ante el previsible malestar social por la magnitud de los aumentos, la Jefatura de Policía de la Provincia desplegó una estrategia comunicacional defensiva. En un comunicado oficial, la fuerza de seguridad intentó desmarcarse de la voracidad recaudatoria y enmarcó la decisión en una política de salud pública.
«Estas medidas no buscan castigar, sino prevenir y cuidar la vida, en una realidad que nos exige mayor responsabilidad y compromiso social», argumentaron desde la institución policial.
El mensaje buscó interpelar la conducta individual por sobre la infraestructura vial o la educación. «El casco no es un accesorio, es una protección que salva vidas», indicaron las autoridades, y agregaron una advertencia directa sobre el consumo de sustancias: «Si va a manejar, no consuma alcohol. El alcohol al volante es una de las principales causas de siniestros viales graves y fatales».
El rol de la fuerza pública
El comunicado cerró con una definición política sobre el rol que jugará la fuerza en este nuevo escenario. Lejos de una etapa de concientización, la orden es la ejecución estricta de la norma. «La Policía hará cumplir la ley, pero la seguridad vial comienza con la conciencia de cada conductor», sentenciaron.
Bajo las consignas «Cuidarse es cuidar a los demás» y «Respetar las normas salva vidas», el gobierno riojano inauguró el año con una política de «tolerancia cero» sustentada en el miedo a la sanción económica, en una provincia donde una multa máxima ahora equivale a varios meses de un salario promedio.