Mientras el mandatario descansa en la casa de un empresario y defiende a Maduro, su vice Teresita Madera arma una línea interna para frenar la reforma electoral. El fracaso de la negociación secreta por fondos, los insultos de un ministro a los Menem y la aparición de nuevas fuerzas políticas que amenazan la hegemonía oficialista en un verano de asfixia económica.
El verano de 2026 expuso la fragilidad del modelo de poder en La Rioja. Mientras la provincia hierve por la temperatura y la falta de recursos, el gobernador Ricardo Quintela estrenó un sistema de gestión por «control remoto». Instalado en la exclusiva localidad de Cariló, en la residencia de un empresario cordobés, el mandatario digita los pagos con la llave de la caja en su bolsillo, pero dejó el desgaste de la gestión diaria y el protocolo en manos de su vicegobernadora, Teresita Madera.
Sin embargo, la distancia física no logró ocultar la crisis política que se desató en la Casa de las Tejas. La estrategia de Quintela de polarizar con Javier Milei —llegando incluso a defender la dictadura de Nicolás Maduro tras su caída— chocó contra la pared de la realidad financiera. Un informe privado reveló que, en el reparto de fondos discrecionales de diciembre, La Rioja quedó última en la tabla: recibió apenas 324 millones de pesos, una cifra irrisoria frente a los miles de millones que la Nación giró a provincias dialoguistas.
Pacto fallido: Billetera mata relato
La asfixia económica obligó al oficialismo a intentar una tregua subterránea que fracasó estrepitosamente. El secretario de la Gobernación, Ricardo Herrera, mantuvo largos intercambios de WhatsApp con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, suplicando «recursos extras». La respuesta de la Casa Rosada fue pragmática: exigió la adhesión inmediata a la Boleta Única de Papel (BUP).
Quintela dijo que no. El gobernador se niega a desmantelar el aparato de colectoras que sostiene su estructura territorial. Es más, su plan de supervivencia consiste en radicalizar el sistema: a través de su ministro de Producción, Ernesto Pérez, el gobierno amenazó con reinstaurar la Ley de Lemas y adelantó la posibilidad de llamar a elecciones provinciales entre febrero y abril de 2027.
La rebelión interna: Madera y la «fórmula Beder»
El intento de cambiar las reglas de juego detonó la interna peronista. Un sector mayoritario del PJ, encabezado por Teresita Madera, se plantó ante la maniobra del quintelismo duro. «De la vicegobernadora para abajo, todos la rechazan», aseguran en el partido. Madera, quien encabezó una cumbre nocturna el 30 de diciembre con intendentes y legisladores, aspira a resolver los liderazgos mediante elecciones internas, replicando el sistema que usó el exgobernador Beder Herrera para legitimar a sus sucesores.
La interna enfrenta dos modelos: la legitimidad de las urnas que pide Madera (aliada con caudillos del interior como Fernando Rejal y Rodrigo Brizuela y Doria) contra la ingeniería electoral de escritorio que propone el ministro Pérez, impulsor de la candidatura de la senadora Florencia López.
Insultos y aislamiento político
La tensión nerviosa del oficialismo derivó en un escándalo público. El ministro Ernesto Pérez —esposo de la sobrina del gobernador— cruzó todos los límites al tratar de «mercanchifle» a Martín Menem y acusarlo de «robar fondos» y comprar «termitas pejotistas». El exabrupto le costó caro: el peronismo lo dejó solo. Los intendentes y diputados saben que, sin los fondos de la Nación, la gobernabilidad de este año pende de un hilo y no están dispuestos a dinamitar los pocos puentes de diálogo que quedan por una vendetta familiar.
La ofensiva libertaria: «Venezuela en La Rioja»
La Libertad Avanza olió sangre y salió a capitalizar el desorden. El diputado Lisandro Almirón y el propio Martín Menem compararon el sistema electoral riojano con el chavismo venezolano, denunciando una «fatiga electoral» planificada y una justicia «infectada ideológicamente». «Cuando necesitás cientos de boletas para ganar, no es democracia: es manipulación», sentenció el diputado Gino Visconti.
En paralelo, la justicia federal validó la aparición de nuevos actores: la agrupación «Liber-Ar» obtuvo el reconocimiento provisorio y ya corre contra reloj para sumar los 1.230 afiliados que le permitan competir, fragmentando aún más el escenario opositor.
Ajuste y control ideológico
Mientras la política discute cargos, la gestión real sufre el impacto del cambio de época. La Nación avanzó con la desregulación del INTI, retirando al Estado del control de mediciones en la provincia, y autorizó un nuevo tarifazo en el transporte eléctrico que impactará en las facturas locales.
Como respuesta defensiva, el gobierno de Quintela promulgó una polémica ley de «patrimonio bibliográfico», imponiendo un cepo estatal sobre los libros antiguos de las escuelas y amenazando con sanciones penales a los directivos, en una maniobra que la oposición lee como un intento de controlar el relato histórico y educativo.
Entre el descanso en Cariló y la asfixia en La Rioja, el ciclo político de Quintela enfrenta su hora más crítica: sin plata, con el peronismo dividido y una oposición que, boleta única en mano, promete terminar con las «trampas» del régimen.
