El diputado Diego Molina Gómez presentó un pedido de informes lapidario sobre la liquidación de la empresa estatal de colectivos y el desguace de «Rioja Bici». Apuntó contra la titular del área por presunto enriquecimiento ilícito, mencionó vehículos de lujo y prometió decomisar sus bienes en 2027.
La oposición en La Rioja elevó el tono de la confrontación y apuntó directamente contra el patrimonio de los funcionarios de Ricardo Quintela. En una presentación legislativa que mezcla el control de gestión con graves acusaciones de corrupción, el diputado provincial de La Libertad Avanza (LLA), Diego Molina Gómez, exigió la apertura de los números del sistema de transporte público y lanzó una amenaza directa contra la titular de la cartera: aseguró que se enriqueció «de la noche a la mañana» y que sus propiedades serán incautadas si cambia el signo político en la provincia.
El legislador libertario ingresó un Proyecto de Resolución en la Legislatura con un objetivo claro: que el Gobernador informe qué pasó y qué está pasando con los recursos del sistema de transporte. La lupa opositora se posó sobre la liquidación de la Empresa de Transporte de La Rioja S.A.U., dispuesta por el Decreto 132/24, un proceso que LLA califica de opaco.
¿Dónde están los colectivos y la recaudación?
Molina Gómez detalló una batería de inconsistencias financieras y administrativas. «Queremos saber: Balance de cierre e inventario de colectivos y estaciones», reclamó el diputado. La sospecha de los libertarios es que existe un desmanejo en el flujo de fondos. Exigieron conocer «dónde ingresan los fondos: ¿a la SAU o a la Administración Central?» y pidieron identificar a los liquidadores designados ante la Inspección General de Personas Jurídicas (IGPJ).
El pedido de informes profundiza en la situación laboral de los choferes, un tema sensible en la provincia. El diputado solicitó saber «bajo qué CUIT patronal se liquida el personal» y denunció la existencia de una precarización encubierta: trabajadores que, «prestando servicios para la Sociedad, cobran como empleados públicos y no bajo el Convenio Colectivo de Trabajo de Camioneros».
El misterio de «Rioja Bici» y las compras directas
Otro eje de la denuncia es el programa «Rioja en Bici», cuyas estaciones comenzaron a ser retiradas en la Capital en diciembre de 2025. LLA exige saber la «cantidad de bicicletas compradas al inicio del programa y su estado actual», así como los costos de mantenimiento y el destino de las unidades reparadas.
La tecnología detrás del sistema también quedó bajo sospecha. Molina Gómez pidió que se aclare «quién desarrolló la App, quién tiene la titularidad del código fuente» y los costos de hosting. Para la oposición, la operatoria de contratación se realiza «directamente desde RiojaBus, sin licitaciones visibles o usando excepciones discrecionales», utilizando un CUIT societario para servicios que financia el Tesoro provincial.
La denuncia personal: «Casa narco» y decomiso
El punto más explosivo de la presentación no fue técnico, sino patrimonial. Molina Gómez apuntó los cañones contra la secretaria de Transporte —sin nombrarla, pero en clara alusión a Alcira Brizuela— y lanzó una acusación de enriquecimiento ilícito.
«En síntesis, queremos saber cómo la titular de transporte se convirtió en nueva rica de la noche a la mañana», disparó el legislador. En su descargo, mencionó la adquisición de una «camioneta de lujo» y la construcción de una propiedad en una zona exclusiva que describió con términos polémicos: «Una casa de diseño arquitectónico ‘narco’ en el barrio Altos del Velasco».
Lejos de quedarse en la chicana, el diputado libertario cerró su intervención con una promesa de campaña para las elecciones ejecutivas: aseguró que esa propiedad «será decomisada y destinada a un centro de rehabilitación de víctimas de tránsito en el 2027».
