En la previa de la cumbre en el CFI, el gobierno riojano coordina acciones con otros mandatarios para frenar el impacto del artículo 190. La provincia, que no recibió fondos discrecionales en 2025, teme que la baja de impuestos a sociedades profundice el ahogo financiero.
La pelea por los recursos federales entra en una etapa de definiciones críticas para La Rioja. El próximo miércoles, los gobernadores se reunirán en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) para unificar un reclamo contra el recorte indirecto que sufrirán sus arcas si avanza la reforma laboral propuesta por el Ejecutivo nacional.
El impacto fiscal en números
El conflicto central radica en la reducción de las alícuotas del Impuesto a las Ganancias para sociedades. Al ser un tributo coparticipable, cualquier baja en su recaudación impacta directamente en lo que Nación envía a las provincias:
* Pérdida estimada: A nivel nacional, las 23 provincias dejarían de percibir $3,18 billones.
* Recorte de recaudación: Se estima una caída del 0,15% del PBI en el reparto federal.
* Cambio de alícuotas: El proyecto busca bajar el impuesto del 30% al 27% y del 35% al 31,5% según el tramo de la sociedad.
La Rioja, sin margen de maniobra
La situación riojana es particularmente sensible debido a que la provincia forma parte del grupo de ocho distritos que han sido totalmente excluidos del reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) durante el último año.
Mientras provincias aliadas al gobierno, como Tucumán, recibieron más de $41.600 millones en fondos discrecionales, La Rioja figura con cero pesos en ese concepto. Por este motivo, el pedido de los mandatarios es que cualquier compensación por la reforma laboral sea «orgánica»: es decir, que se fije por ley para todos y no dependa del visto bueno del ministro Luis Caputo.
La amenaza legislativa
Si el Gobierno nacional no ofrece una alternativa de compensación, como la coparticipación del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) —que repartiría el 57,02% entre las provincias—, los legisladores que responden a los gobernadores amenazan con votar en contra del capítulo impositivo de la reforma.
Esta postura de bloque busca evitar que la modernización laboral se financie con el presupuesto de las provincias, en un contexto donde el Ejecutivo nacional apuesta a que la formalización de trabajadores recupere lo perdido, una promesa que en las provincias del interior miran con total desconfianza.
