La exintendenta de la Capital salió al cruce de Armando Molina tras el anuncio de adhesión a la medida de fuerza. Acusó a la gestión actual de mantener trabajadores con salarios de miseria y gran parte de sus haberes «en negro».
La adhesión de los municipios riojanos al paro nacional y provincial desató un nuevo e intenso capítulo en la batalla política de la provincia. Lo que comenzó como un anuncio institucional por parte del actual intendente de la Capital, Armando Molina, terminó en una fuerte denuncia pública por parte de su antecesora, Inés Brizuela y Doria, quien cuestionó la legitimidad del reclamo oficialista.
Molina había fundamentado la participación en la huelga bajo la premisa de defender el legado de Juan Domingo Perón. «Acompañamos con convicción a nuestros trabajadores municipales frente a una reforma que amenaza con un retroceso histórico en derechos conquistados», expresó el jefe comunal a través de sus redes sociales.
La respuesta: «El municipio es de los vecinos»
La réplica de la dirigente radical no se hizo esperar y fue lapidaria. Brizuela y Doria buscó desmarcar la institución municipal de las identidades partidarias: «El municipio es de los vecinos, no de Perón ni del quintelismo», disparó, marcando una clara línea de separación entre la gestión pública y la militancia política.
En su descargo, la exintendenta puso el foco en la situación laboral real que atraviesan los empleados de la comuna, utilizando términos sumamente críticos hacia la actual administración provincial y municipal:
- Servicios Garantizados: Exigió que, a pesar de la adhesión al paro, se garantice la prestación de los servicios públicos esenciales para la comunidad.
- Libertad de Acción: Reclamó que la decisión de parar sea una «elección libre de los trabajadores» y no una imposición política.
- Denuncia Salarial: Calificó de «caraduras» a quienes hablan de derechos mientras sostienen esquemas de precarización laboral.
«Miseria y trabajo en negro»
El punto más álgido del conflicto radica en la composición de los salarios municipales. Brizuela y Doria denunció que existe un vasto sector de trabajadores precarizados cobrando «miserias», y aseguró que incluso aquellos que pertenecen a la planta permanente perciben más del 50% de sus ingresos «en negro» (sumas no remunerativas).
Este cruce no solo refleja la polarización política en La Rioja, sino que pone sobre la mesa la discusión de fondo: la calidad del empleo público en un contexto de crisis económica y la disputa por la representación de los derechos laborales en la Capital riojana.
