La jueza Gisela Flamini cuestionó contundentemente la nueva ley que disminuye la edad punible en Argentina, calificándola de «populismo punitivo». Advirtió sobre la falta de presupuesto y estructura en provincias como La Rioja para implementar las medidas que exige la normativa en el plazo estipulado de 180 días, y remarcó la necesidad de abordar el problema desde la educación y la contención.
En una reciente entrevista, la Dra. Gisela Flamini, jueza especializada en violencia de género, expresó su profundo desacuerdo con la medida que busca bajar la edad de imputabilidad en el país. En diálogo con el periodista Jorge Ocampo, la magistrada desmintió varios mitos en torno a la delincuencia juvenil y advirtió sobre las severas falencias estructurales que impedirán la correcta aplicación de esta nueva normativa.
«Populismo punitivo» y realidades dispares
La doctora fue categórica al rechazar la medida, señalando que responde a un «populismo punitivo o criminal». Según Flamini, se está utilizando el derecho penal como una solución rápida para problemas que radican en factores sociales profundos, como la pobreza, las adicciones, la falta de educación y la ausencia de trabajo familiar.
Asimismo, criticó la importación de modelos foráneos, como doctrinas penales implementadas en Estados Unidos, resaltando que Argentina no posee ni la cultura, ni el sistema carcelario, ni la infraestructura judicial para sostenerlos. A esto se le suma una sobredimensión mediática del problema: Flamini aclaró que, estadísticamente, más del 60% de los delitos cometidos por menores en el país no son graves, tratándose en su mayoría de hurtos o robos menores. Aclaró también que en La Rioja la tasa de criminalidad juvenil es baja y generalmente involucra delitos contra la propiedad sin mayor violencia.
El desafío de los 180 días y la falta de estructura
Si bien la jueza reconoce que la nueva ley contempla medidas alternativas a la prisión (como amonestaciones, prohibiciones de acercamiento y métodos similares a una «probation» para casos donde no haya resultado de muerte o lesiones graves), el principal obstáculo radica en la absoluta falta de recursos para su ejecución.
La normativa estipula un plazo de 180 días para tomar cuerpo y prevé la figura de «supervisores» que deben controlar a un máximo de 10 jóvenes cada uno. Estos profesionales deben estar capacitados en áreas pedagógicas, de salud mental y de adicciones. Sin embargo, Flamini advirtió que actualmente no se cuenta con esa figura, ni con el personal designado por concurso, ni con el presupuesto para hacer frente a esta exigencia, especialmente en provincias como La Rioja. «Quedan en lindas frases y palabras muy bonitas, pero a la hora de ponerlas en práctica (…) quedan en la nada», sentenció.
Contención social y reinserción frente al encierro
Se remarcó que la delincuencia juvenil más cruda está estrechamente ligada al avance de las drogas y al hambre, realidades que ejercieron presión desde grandes urbes como Buenos Aires, Rosario o Córdoba para que el gobierno impulsara esta ley. No obstante, encarcelar a un niño o adolescente representa un riesgo enorme porque los daños psicológicos y biológicos en esa etapa de desarrollo son irreversibles.
A la hora de plantear soluciones viables a nivel local ante la inminente entrada en vigencia de la ley, Flamini recordó un antiguo proyecto riojano para la creación de un centro interdisciplinario destinado a jóvenes en conflicto con la ley penal. Este espacio estaría enfocado en la educación y el aprendizaje de oficios. Ante la sugerencia del entrevistador de adaptar un ala ociosa del «viejo regimiento» militar para tal fin, la jueza vio con buenos ojos la propuesta. Instó a aprovechar inmuebles del Estado y a redireccionar a profesionales de la administración pública para abordar la problemática desde la contención real, la voluntad y la optimización de recursos.
