Desde la Mesa Provincial de VIH apuntaron contra el gobernador Ricardo Quintela y el ministro de Salud por la falta de respuestas y diálogo. Alertaron sobre las demoras en la entrega de medicamentos por parte de las obras sociales y pidieron el apoyo de la Iglesia local para impulsar leyes clave en la provincia.
En medio de un contexto de creciente vulnerabilidad económica y social, las personas que viven con VIH en La Rioja atraviesan una situación crítica. Así lo expuso Landriel Oviedo, referente de la Mesa Provincial de VIH y de la Fundación Yacuiz, en una reciente entrevista con Medios Provincia, donde lanzó un duro reclamo dirigido a la cúpula del gobierno provincial por la falta de asistencia integral y demoras en las audiencias solicitadas.
El representante de la organización detalló que, si bien a nivel nacional existe la Ley 27.675 que garantiza un abordaje integral del VIH, las hepatitis virales y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), la provincia de La Rioja aún no ha adherido a la normativa ni ajustado sus políticas públicas para acompañar a los pacientes.
Uno de los puntos más críticos que señaló es la falta de asistencia alimentaria para quienes deben someterse a los tratamientos. «Alguien que vive con VIH, por más que tome la medicación todos los días, si no come, esa medicación no se procesa en el organismo y termina haciendo un daño mayor. Cualquier tipo de medicamento que tomes con el estómago vacío produce un daño en el sistema digestivo», explicó Andriel. En este sentido, dejó un contundente mensaje para las autoridades: «A Quintela y al ministro de Desarrollo les sale más barato darle de comer a la gente que vive con VIH que tener que seguir atendiéndola en el Hospital Vera Barros».
El pedido de reunión con Ricardo Quintela
A pesar de la urgencia de estos reclamos, desde la Mesa Provincial denunciaron una preocupante falta de diálogo por parte del Ejecutivo riojano. Según detallaron, hace más de tres semanas presentaron notas formales solicitando una audiencia con el gobernador Ricardo Quintela y con el ministro de Salud, Juan Carlos Vergara, pero hasta el momento no han sido recibidos.
«Es terrible tener que estar en estos términos de reclamo, pidiéndole a un funcionario de gobierno que nos atienda y nos reciba. Si el gobernador no dice ‘La Rioja tiene VIH y necesita esta ley y garantizar estos derechos’, el resto de los funcionarios del gabinete no lo van a hacer», sentenció el referente durante la entrevista.
Obras sociales en la mira y el rol de la Iglesia
Otro de los frentes de conflicto radica en la provisión de los tratamientos antirretrovirales. Si bien los pacientes que dependen exclusivamente del sistema de salud público nacional están recibiendo su medicación con normalidad, la situación es distinta para los afiliados a obras sociales.
Se reportaron demoras e inconvenientes en la entrega de medicamentos por parte de APOS (la obra social provincial) y otras prestadoras. A esto se suma el impacto de la crisis económica: muchas personas han perdido su empleo recientemente, lo que genera una demora administrativa en la transición desde su obra social de origen hacia el sistema de salud pública.
En paralelo a los reclamos gubernamentales, la organización mantuvo un importante encuentro con el obispo de La Rioja. El objetivo fue buscar contención espiritual e institucional para combatir el estigma: un monitoreo social realizado el año pasado reveló que más del 90% de las personas en La Rioja reconocen que quienes viven con VIH sufren discriminación.
Además, solicitaron el apoyo de la Iglesia riojana para impulsar dos proyectos legislativos a nivel provincial que aún no tienen estado parlamentario:
- Una ley de respuesta integral al VIH, hepatitis virales, tuberculosis y otras ITS.
- Un programa específico para proteger a las infancias y adolescencias que viven con el virus o que son hijos de pacientes, con el fin de garantizarles acompañamiento escolar, salud mental y asistencia alimentaria.
«Necesitamos que el Estado reconozca a estas infancias y les otorgue los derechos que les corresponden, no solo por leyes nacionales, sino por tratados internacionales», concluyeron desde la organización.
