El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Menem, advirtió sobre la grave situación social, la falta de envío de fondos nacionales y el alarmante crecimiento de préstamos informales y usureros para pagar la luz o tratamientos médicos. Además, detalló el operativo tras las graves inundaciones que afectaron a la provincia.
La profunda crisis económica que atraviesa el país golpea con especial dureza a las provincias, y La Rioja no es la excepción. En una reciente entrevista radial, el ministro de Desarrollo Social de la provincia, Alfredo Menem, trazó un panorama alarmante sobre la realidad social, marcada por la escasez de recursos, la falta de fondos provenientes de la Nación y un drástico incremento en la vulnerabilidad de la clase trabajadora.
«Hoy la capacidad de respuesta es limitada a la demanda que existe», reconoció Menem, dejando en evidencia cómo la inflación y la pérdida de poder adquisitivo han empujado a sectores formales a depender de la asistencia estatal. Y lanzó una dura advertencia: «Lamentablemente hay muchísima gente, inclusive hasta el empleado público asalariado, que llega el 20 o 25 de cada mes y nos pide un módulo alimentario porque no llega».
El drama de la usura y la salud mental
Uno de los puntos más críticos y dolorosos señalados por el ministro es la desesperación financiera de las familias, que ante la asfixia económica y la falta de crédito bancario están recurriendo a prestamistas informales, conocidos popularmente en la zona como «los colombianos».
«Es increíble la cantidad de gente que está metiéndose en préstamos en la usura», alertó Menem. Las razones detrás de este endeudamiento extremo reflejan la crudeza de la crisis en los hogares riojanos: «Nos plantean ‘ministro, tuve que acudir a un préstamo para poder pagar la luz porque debía tres boletas y me la iban a cortar’, o ‘tuve que sacar un préstamo para viajar a Córdoba por mi tratamiento oncológico'». En muchos casos, explicó, los vecinos terminan poniendo como garantía sus propios bienes, como televisores o motocicletas, ante el hostigamiento y la amenaza de intimaciones.
Esta extrema presión económica está generando un severo impacto psicológico en la población. El funcionario subrayó la importancia de comenzar a abordar seriamente la salud mental de los ciudadanos, ya que «el estrés que están teniendo en cada uno de los entornos familiares debido a la situación económica es desesperante» y repercute de manera directa en la irritabilidad y en los vínculos cotidianos.
Asistencia tras el temporal y las nuevas «prioridades» de gestión
A la crisis económica se le sumó en los últimos días una emergencia climática. Las fuertes tormentas dejaron precipitaciones históricas de más de 300 milímetros, afectando tanto a la capital riojana como a diversos departamentos del interior (Chilecito, Famatina, Villa Unión, Arauco, entre otros).
El Ministerio de Desarrollo Social, junto a un comité operativo de emergencia, tuvo que asistir a más de 300 familias de urgencia, proveyendo alimentos, ropa, colchones y materiales de construcción para apuntalar viviendas precarias y reparar techos a punto de derrumbarse. Sin embargo, la capacidad de acopio estatal está al límite de sus posibilidades. «Hoy no hay galpones. Tenemos un depósito que es nada más de tránsito y de pasamanos; lo que llega, directamente lo pasamos a manos de la necesidad de los vecinos», graficó Menem, aclarando que todo el operativo se está sosteniendo con «recursos netamente del Estado de la provincia».
Frente a este escenario de recortes nacionales y asfixia financiera, el gobierno provincial ha decidido reordenar drásticamente sus gastos. En este sentido, el ministro confirmó que desde el Ejecutivo tienen «totalmente prohibido ir a generar una demanda de algún evento deportivo que genere un gasto» e incluso se suspendió la compra masiva de kits escolares.
La orden directa, detalló, es enfocar cada peso en la garantía de los servicios esenciales: salud, educación, seguridad, la asistencia alimentaria urgente y, como principal prioridad, el pago de los sueldos de los más de 73.000 empleados públicos provinciales. «El horizonte nuestro es garantizar los servicios», concluyó, destacando el reciente esfuerzo de las arcas provinciales por otorgar una ayuda escolar de 200.000 pesos por estudiante y un aumento salarial como paliativos ante la brutal crisis.
