El director de la institución, Gabriel Goitea, confirmó que el presupuesto de más de 1.600 millones de pesos destinado a la vigilancia será reasignado para cubrir medicamentos y programas de salud que dejó de financiar la Nación. La seguridad del recinto quedará a cargo de la policía y personal del hospital.
La crisis económica y el fuerte ajuste en las transferencias de la Nación a las provincias siguen impactando de lleno en el sistema de salud. En las últimas horas, las autoridades del Hospital Enrique Vera Barros, el nosocomio más importante de la provincia de La Rioja, anunciaron una drástica decisión: no renovarán el contrato de seguridad privada para poder destinar esos fondos a la compra de insumos médicos críticos.
Así lo confirmó el director del hospital, el doctor Gabriel Goitea, quien explicó que el proceso licitatorio para mantener la seguridad tercerizada debió declararse desierto debido a la imposibilidad de la provincia de asumir el costo. «Se había puesto un precio base de 200 millones de pesos mensuales, lo que significaba un contrato de unos 1.600 millones de pesos por 10 meses», detalló el funcionario.
La medida afecta directamente a entre 43 y 47 trabajadores de la empresa privada (Omega), que hasta ahora prestaba el servicio. Ante las recientes manifestaciones del personal cesanteado, Goitea aclaró que el vínculo laboral de los vigiladores es exclusivamente con la firma privada y subrayó que no se contratará a ninguna otra agencia de seguridad. En su reemplazo, los puestos de control, recepción y ordenamiento dentro del hospital serán cubiertos mediante un esquema coordinado entre empleados del propio centro de salud y efectivos de la Policía provincial.
Reasignación de fondos para salvar vidas
El director del Vera Barros fue contundente al explicar los motivos detrás del drástico recorte en vigilancia, apuntando directamente a la disminución de la coparticipación y a la quita de asistencia médica por parte del Gobierno nacional. Según Goitea, los fondos que antes se usaban en seguridad ahora son vitales para sostener la vida de los pacientes.
«Se ha quitado la cobertura de tratamiento oncológico a nivel nacional y lo está cubriendo la provincia. También han sacado el tratamiento del dolor y próximamente van a retirar el programa Remediar, que entregaba medicamentos para patologías crónicas», advirtió el profesional.
Este complejo panorama económico se ve agravado por un notorio incremento en la demanda de pacientes en los hospitales públicos, derivado de la crisis que atraviesan las obras sociales y las prepagas. «Ha aumentado la concurrencia del hospital porque hay obras sociales que no están trabajando o no tienen convenio con clínicas privadas. A todos esos pacientes se les da atención al 100% dentro del sistema de salud público», indicó el director.
A pesar de la compleja situación financiera, Goitea llevó tranquilidad a la población al asegurar que el funcionamiento pleno del centro de salud no corre peligro. Siguiendo las directivas del gobernador provincial, la atención médica integral «está garantizada para todos los riojanos y riojanas, sin importar la cobertura de salud que tengan».
