El gobierno provincial confirmó que no renovará el servicio en el Hospital Vera Barros alegando que «no hay plata». La empresa Omega, encargada de las tareas, adeuda salarios y argumenta que no puede reubicar al personal. Los trabajadores exigen respuestas y advierten que no levantarán la protesta.
Un dramático escenario laboral se desató en la provincia de La Rioja luego de que 47 trabajadores de seguridad privada, que prestaban servicio en el Hospital Enrique Vera Barros, fueran notificados de que se quedarán en la calle. La decisión fue comunicada tras una tensa reunión tripartita entre autoridades de la Secretaría de Trabajo, la empresa prestadora Omega y delegados de los empleados. La respuesta oficial por parte del gobierno provincial fue tajante: no hay presupuesto para sostener el servicio.
«La decisión viene desde la parte de Hacienda, que manifiesta que no hay fondo, no hay presupuesto para que se siga manteniendo la fuente laboral», explicó Sebastián, uno de los representantes de los trabajadores afectados tras salir de la audiencia. Ante esta directiva, la provincia prescindirá por completo de la seguridad privada en el nosocomio, lugar que pasaría a ser custodiado únicamente por efectivos de la policía provincial mediante el sistema de horas adicionales.
Por su parte, la empresa Omega —que mantenía el contrato con los trabajadores desde el 1 de diciembre— argumentó que no puede hacer frente a los salarios adeudados correspondientes al mes de febrero debido a la falta de pagos por parte del Estado provincial. Sin embargo, desde la Secretaría de Trabajo intimaron a la firma para que regularice la situación salarial de los empleados de forma inminente, recordándoles que la relación de dependencia directa es con la empresa privada y no con la provincia.
El futuro de las 47 familias es sumamente incierto. Desde la compañía de seguridad confesaron no contar con objetivos laborales suficientes para reubicar a la totalidad del personal. Actualmente, solo participan en licitaciones menores en el Correo y en el Parque Industrial que, en el mejor de los casos, absorberían a un grupo muy reducido de personas y no a las 47 familias afectadas. Mientras tanto, la cartera de Trabajo aclaró que, hasta que no se envíen los telegramas de despido formales, el vínculo laboral sigue vigente y la empresa deberá abonar el mes de marzo completo junto con las indemnizaciones correspondientes.
Frente a este callejón sin salida, los trabajadores instalaron una carpa a modo de protesta en las inmediaciones y se encuentran en asamblea permanente con asesoramiento legal. Aunque todavía evalúan los pasos a seguir, el consenso generalizado de las bases es claro: «Vamos a querer, por la fuente de trabajo, seguir acampando hasta que alguien nos reciba», advirtió uno de los manifestantes. La exigencia ahora apunta a las más altas autoridades del Ministerio de Salud y del gobierno provincial, buscando una solución que contenga a las familias ante la repentina pérdida de sus ingresos.
