El Ejecutivo riojano lanzó un ultimátum hasta el 30 de abril para que unos 2.000 trabajadores bajo la modalidad de locación de servicios actualicen sus datos. Desde la Subsecretaría de Gestión del Capital Humano advirtieron que quienes no cumplan entrarán en un «período de evaluación» para definir su continuidad.
En sintonía con el clima de época que atraviesa a la administración pública a nivel nacional, donde la lupa sobre la eficiencia del Estado y la reducción del gasto público marca el pulso de la política, el gobierno de la provincia de La Rioja anunció una medida que promete hacer ruido en las filas estatales. A través del decreto 178, el Poder Ejecutivo local puso en marcha un exhaustivo reempadronamiento obligatorio para todos los trabajadores contratados, exigiéndoles que declaren de forma detallada qué funciones cumplen, dónde y para quién.
El anuncio fue oficializado por el contador Carlos Medina, Subsecretario de Gestión del Capital Humano de la provincia, quien brindó los detalles del operativo en una entrevista con Medios Provincia. Según el funcionario, el objetivo primordial de esta auditoría interna es lograr la «identificación concreta de los lugares donde prestan servicio y cuál es la tarea relevante para el Estado Provincial».
A quiénes alcanza y cuál es el ultimátum
La medida apunta exclusivamente, en esta primera etapa, al universo de aproximadamente 2.000 contratados que tiene actualmente el Ejecutivo riojano. Se trata de aquellos trabajadores que mantienen una relación de locación de servicios y que mensualmente deben presentar una factura para el cobro de sus honorarios.
Medina fue tajante al aclarar las exclusiones del esquema, despejando dudas en un ecosistema estatal con múltiples modalidades de contratación: «No es para becados, tutorías, pasantías o programas. Es exclusivamente en esta primera etapa para los contratados». Esta obligación alcanza también a aquellos que prestan servicios en el interior provincial.
El reloj ya comenzó a correr: el plazo máximo fijado para completar el trámite es el 30 de abril. El procedimiento es enteramente digital y debe realizarse a través del sitio web oficial contratados.larioja.gob.ar. Allí, el personal es guiado por un sistema que les exige detallar su nivel de estudios, el área específica donde se desempeñan y el nombre del responsable directo a su cargo.
Qué pasa si no se registran: el fantasma de las bajas
Si bien desde la cartera de Capital Humano intentaron poner paños fríos al asegurar en tono coloquial que «no somos cazadores de contratos», la advertencia para los incumplidores fue contundente y dejó abierta la puerta a posibles desvinculaciones.
Ante la inminente consulta sobre la posibilidad de que haya despidos, Medina explicó que la no actualización de los datos no implica una baja automática e inmediata, pero sí detona una luz de alerta en el seno de la administración: «El contratado que no hace la actualización pasa a una etapa posterior de evaluación de la conveniencia de seguir o no seguir».
«Si alguien no cumple algo que le está pidiendo quien lo contrata, básicamente es ver ‘che, ¿qué pasa? ¿por qué no me estás dando los datos?'», graficó el subsecretario, dejando en evidencia que el Estado pondrá bajo la lupa la continuidad de aquellos vínculos que presenten irregularidades, opacidad o ausentismo.
El impacto nacional y el reordenamiento del Estado
La decisión de la gestión provincial se da en un momento crítico del debate público, donde las auditorías a la «planta política» y los contratos irregulares son moneda corriente en las dependencias federales. En La Rioja, este reempadronamiento busca, además de transparentar la nómina, crear un «banco de datos» que permita conocer la idoneidad, los títulos y oficios de los prestadores para reubicarlos de manera eficiente según la demanda de las distintas áreas ejecutivas.
Esta depuración de datos no es un hecho aislado en la región. Según confirmó el propio Medina, una actualización similar ya se había realizado tras la pandemia con los empleados de planta permanente, a quienes se les exigió, entre otras cosas, constituir un «domicilio fiscal obligatorio» para mantener una línea virtual de contacto. Asimismo, la Municipalidad de la capital riojana avanza de forma paralela e independiente con el reempadronamiento de los beneficiarios de los Programas de Empleo Municipal (PEM).
Con el 30 de abril como fecha límite, la provincia norteña avanza hacia un diagnóstico profundo de su estructura laboral, un paso clave que definirá qué contratos son esenciales para el funcionamiento del Estado y cuáles quedarán en el camino.
