Por la fiscalía federal, piden indagar a quienes cobraron irregularmente el ex “Potenciar Trabajo” siendo trabajadores del Estado provincial. En paralelo, la Casa Rosada anunció el fin del plan “Volver al Trabajo” para abril, desatando advertencias del gobierno local y organizaciones sociales por el retiro de casi mil millones de pesos de la economía riojana.
La provincia de La Rioja se convirtió en el epicentro de un escenario de máxima tensión que entrelaza un presunto desfalco millonario al Estado con el avance de los recortes del gobierno nacional. En un contexto de profunda crisis, la Justicia Federal puso la lupa sobre más de mil empleados de la administración pública provincial acusados de cobrar planes sociales de manera incompatible. Simultáneamente, la confirmación oficial del fin del programa «Volver al Trabajo» a partir de abril encendió todas las alarmas en el gobierno de Ricardo Quintela y en los movimientos sociales territoriales, advirtiendo sobre un inminente colapso en el circuito de consumo local.
El fraude de los 1.060: empleados con sueldo y plan
El requerimiento fue impulsado por la responsable de la Fiscalía Federal de La Rioja, María Virginia Miguel Carmona, quien solicitó al juez federal Daniel Herrera Piedrabuena que llame a indagatoria a 1.060 personas acusadas del delito de defraudación en perjuicio de la Administración Pública.
La maniobra, detectada originalmente a fines del año pasado por la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (UFISES), a cargo del fiscal Guillermo Marijuan, es directa: los acusados percibían el Programa Nacional “Potenciar Trabajo” mientras se desempeñaban en relación de dependencia como empleados del Gobierno de la Provincia de La Rioja. Esta doble percepción viola uno de los requisitos básicos de la normativa del programa social, que exige la baja inmediata al ingresar al mercado laboral formal.
Según la investigación, los pagos irregulares que salieron de las arcas del Estado Nacional habrían causado un perjuicio económico estimado en $82.680.000.
Ante la gravedad del hecho, Miguel Carmona exigió ir más allá de los beneficiarios e investigar la ruta administrativa. La fiscal requirió profundizar la pesquisa para individualizar a los funcionarios provinciales y nacionales responsables de la concesión y control de los beneficios, señalando una evidente “violación de sus deberes de funcionario público”. El dictamen subraya que no solo se generó un perjuicio económico, sino que se impidió que los fondos llegaran «a aquellos que realmente lo necesitan para subsistir». Como medida urgente, se solicitó al Ministerio de Capital Humano la suspensión inmediata de los planes bajo sospecha.
- El escándalo judicial: La fiscal federal María Virginia Miguel Carmona solicitó investigar a 1.060 personas que habrían defraudado al Estado Nacional por un monto superior a los 82 millones de pesos. Se exige investigar la responsabilidad de los funcionarios que debían controlar las asignaciones.
- El fin del programa: El gobierno de Javier Milei confirmó que en abril dejará de existir el programa “Volver al Trabajo”, reemplazándolo por vouchers de capacitación laboral.
- El golpe económico: Desde el gobierno provincial estiman en 11.000 los afectados, lo que supone una sangría de $858 millones mensuales para el circuito local, mientras que desde los movimientos sociales elevan la cifra a 15.000 bajas.
El fin del «Volver al Trabajo» y la reconversión a vouchers
Mientras el escándalo judicial avanza en los tribunales, el Ejecutivo Nacional asestó un golpe definitivo a la política de asistencia directa. El Ministerio de Capital Humano anunció que el programa “Volver al Trabajo” (sucesor del Potenciar Trabajo) finaliza indefectiblemente el próximo 9 de abril.
El esquema será reemplazado por vouchers destinados a capacitaciones, lo que elimina la transferencia directa de los $78.000 mensuales que percibían los beneficiarios. La cartera nacional informó que los inscriptos ya fueron notificados vía correo electrónico y a través de la aplicación oficial Mi Argentina, y que este mes percibirán la última asignación mensual no remunerativa. A nivel nacional, la medida implica la eliminación de cerca de 900.000 planes.
Alarma económica y críticas en La Rioja
La decisión de la Casa Rosada impacta de lleno en la frágil economía riojana. El ministro de Desarrollo, Igualdad e Integración Social de la provincia, Alfredo Menem, cuestionó duramente la medida y la metodología utilizada.
“El Gobierno hoy se deslinda de casi un millón de beneficiarios en el país. Lo preocupante es que las notificaciones de las bajas las dan vía e-mail o vía la app, creemos que los beneficiarios no tienen acceso a estos mecanismos”, apuntó Menem en declaraciones radiales.
El funcionario provincial detalló la magnitud del impacto: «1 de cada 30 habitantes de La Rioja están dentro de estos programas». De acuerdo a los números de la provincia, hay 11.000 afectados directos. El retiro de esos $78.000 por persona significará que dejarán de ingresar $858 millones mensuales al circuito comercial de La Rioja, afectando al consumo de cercanía y a la economía informal.
Desde las organizaciones sociales, sin embargo, advierten que el número es aún mayor. Lucas de la Fuente, coordinador provincial de Libres del Sur, aseguró que en La Rioja la cifra de personas alcanzadas oscila entre las 14.000 y 15.000, lo que llevaría la pérdida económica provincial por encima de los mil millones de pesos.
“No está claro qué es el voucher, si será dinero o algún otro tipo de ayuda. La participación en capacitaciones no implica el pago de sumas de dinero”, advirtió de la Fuente, reflejando el estado de incertidumbre de miles de familias. La advertencia es clara: el final de la asistencia directa llega en un contexto recesivo, sin haberse generado una salida laboral real que absorba a los miles de riojanos que, a partir de abril, quedarán a la intemperie.
