Con operativos de alcoholemia y fiscalización de escapes libres, el Palacio Ramírez de Velasco busca exhibir orden y autoridad en el principal distrito de la provincia. La delgada línea entre la seguridad pública y la presión fiscal en un contexto de bolsillos deprimidos.
LA RIOJA.– En una ciudad donde el tránsito y la nocturnidad suelen ser termómetros precisos del humor social, el municipio capitalino ha decidido apelar a una receta de ordenamiento estricto. A través de sus canales institucionales, la gestión del intendente Armando Molina confirmó la puesta en marcha de un operativo integral de prevención y control vial que incluyó la fiscalización de documentación obligatoria, test de alcoholemia y el secuestro de motocicletas con caños de escape libres.
La movida del Palacio Ramírez de Velasco no responde únicamente a una demanda de seguridad vial por parte de los sectores residenciales. En el ajedrez político de la capital riojana, la exhibición de inspectores y fuerzas de seguridad en las calles opera como una señal de autoridad y control del espacio público en momentos donde la crisis económica y el malestar social amenazan con desordenar la periferia y los principales corredores urbanos.
«El objetivo es fortalecer la seguridad vial y promover una circulación más segura para todos los vecinos», argumentaron desde la comuna, buscando dotar de legitimidad técnica a una medida que siempre genera rispideces en los sectores de menores recursos, principales usuarios de motovehículos.
La batalla contra los «escapes libres» y el reclamo de la clase media
El foco puesto en la fiscalización de los caños de escape adulterados —una problemática histórica que afecta la contaminación sonora y la convivencia urbana— es un guiño directo a la clase media de los barrios consolidados de la Capital. Este electorado, que suele ser el más esquivo para el oficialismo peronista y que en los últimos turnos electorales ha mostrado sintonía con las opciones de La Libertad Avanza o Juntos por el Cambio, venía reclamando mayor rigor punitivo en las calles.
- El dilema de la recaudación y la sanción: En los despachos municipales niegan un fin meramente recaudatorio tras la suba de tasas y multas. Sin embargo, en el microclima político local se lee la medida como un intento dual: ordenar el caótico parque de motocicletas de la ciudad y, a la vez, optimizar los ingresos propios de una comuna asfixiada por el recorte de fondos federales.
- Logística de control: El despliegue de retenes móviles en puntos neurálgicos de la Capital busca romper con la previsibilidad de los infractores. Para Molina, la efectividad de estos operativos es clave si pretende demostrar que la municipalidad mantiene la capacidad de regular el día a día de los ciudadanos.
El orden urbano como activo político
La estrategia de endurecer los controles viales se complementa con la agenda de «operativos integrales» y recuperación de plazas que el intendente viene mostrando como principal activo de su gestión. Ante la imposibilidad de financiar grandes obras estructurales por el torniquete financiero que impone la macroeconomía nacional, la administración capitalina se recuesta en el poder de policía local para exhibir gestión activa.
Para el quintelismo, retener el control político y social de la Capital es un imperativo de supervivencia de cara al mediano plazo. Al mostrar un municipio ordenado, que castiga las infracciones y busca pacificar el tránsito, Molina intenta construir un dique de contención frente a las críticas de la oposición legislativa, que suele catalogar de laxa la política de seguridad urbana. El desafío para el jefe comunal será sostener la rigurosidad de los operativos sin que ello derive en un foco de conflicto con los sectores trabajadores, cuya movilidad depende exclusivamente de condiciones que hoy el Estado local ha decidido auditar bajo lupa.
