No poder competir en igualdad de condiciones con las provincias vecinas fue el constante argumento en la lucha de siete gobernadores. El controvertido sistema dejará de existir, según un diario de Mendoza.
Cuando el reloj marque el fin de este día y el inicio del otro, con año nuevo incluido, Mendoza podrá, de una vez por todas y, luego de 33 años de peleas, quejas, denuncias e infinitas gestiones, brindar por el fin del controvertido régimen de Promoción Industrial del que gozaron las provincias vecinas durante décadas. Fueron siete los gobernadores mendocinos –Felipe Llaver (UCR), José Bordón (PJ), Rodolfo Gabrielli (PJ), Arturo Lafalla (PJ), Roberto Iglesias (UCR), Julio Cobos (primero UCR, luego radical K) y Celso Jaque (PJ)– quienes gestionaron el fin de los beneficios fiscales para San Juan, San Luis, La Rioja y Catamarca, ante cada presidente que ocupó en los últimos 34 años la Casa Rosada.
Según el diario mendocino El Sol, los hubo de todos los colores y, más allá de si se llevaron bien o mal con el poder central, las gestiones fueron infructuosas. Ni con Raúl Alfonsín ni con Carlos Menem ni con Fernando de la Rúa ni con el interino Eduardo Duhalde ni con Néstor Kirchner, pese a que algunos tuvieron una relación estrechísima con el gobernador mendocino del momento –Llaver con Alfonsín, Iglesias con De la Rúa, Cobos con Kirchner–, se logró que el régimen se diera de baja. En algunos casos porque, directamente, no tuvieron la oportunidad de una renovación, como pasa ahora y no se concretará; en otros, porque el peso de cuatro provincias equiparaba la fuerza que podía hacer Mendoza, con ayuda, eventual, de La Pampa, por ejemplo, también afectada, sobre todo, por la promocionada San Luis.
EL LUGAR JUSTO EN ELMOMENTO JUSTO. En el 2010, Cristina Kirchner firmó el decreto 699 prorrogando por 15 años el régimen de Promoción Industrial. Un amparo interpuesto en la Justicia federal por la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de San Rafael con la intención de que el régimen no se extendiera, en un primer momento fue aceptado y se logró el objetivo de parar la aplicación del decreto presidencial. La disputa llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación al ser cuestionada la suspensión por las provincias promocionadas. El tribunal supremo, en marzo de este año, rechazó el amparo y habilitó nuevamente a la presidenta a ponerlo en marcha. Eso nunca sucedió.
A principio de diciembre, a partir de una nota publicada en el diario Ámbito Financiero, Pérez se vio obligado a hablar del tema y adelantar lo que finalmente se concretará a partir de mañana: el fin de la Promoción. En el departamento de La Paz, Pérez dijo: «Después de 33 años, se terminó la Promoción Industrial discriminatoria». Era la primera referencia del gobernador al fin del régimen. Asimismo, se conocía, a través de medios nacionales, que la inminente caída del régimen de Promoción Industrial se traduciría en un ahorro fiscal de 8.000 millones de pesos para el Estado nacional, un dato no menor, por cierto.
Justamente, por esos días, cuando el Gobierno mendocino había comenzado a contar los días hasta la ansiada llegada del 31 de diciembre, desde las provincias promocionadas llegaban amenazas de todo tipo. Las delegaciones locales de la CGT amagaban con manifestaciones y medidas de fuerza para obligar al Gobierno nacional al prorrogar, por 15 años más, el régimen. Las amenazas nunca se concretaron, aliviando a Mendoza, que seguía contando los días.
Y AHORA, ¿QUÉ? Hace dos semanas, cuando la inminencia del fin de sistema era un hecho, el gobernador Pérez reunió en el cuarto piso de la Casa de Gobierno a ex gobernadores, legisladores nacionales, provinciales y referentes de las más relevantes actividades económicas de la provincia. El objetivo fue informar oficialmente que desde el 1 de enero la Promoción Industrial dejaba de existir, y se planteó cómo seguir adelante. Si bien es cierto que las condiciones de competitividad entre Mendoza y las provincias vecinas por los beneficios fiscales nacionales para quienes se quisieran instalar en los distritos promocionados remarcaron desproporcionados puntos de partida, el desafío ahora es que Mendoza seduzca a inversores a partir de la igualdad de condiciones.
Fue uno de los temas que se tocó en la convocatoria de Pérez el 12 de diciembre. En esa reunión, con más de 60 representantes del sector productivo, industrial y sindical local, el mandatario habló de «plantear un modelo superador» para que Mendoza sea competitiva por sí misma. «Hay 11 parques industriales proyectados y estamos trabajando en la infraestructura para que invertir en Mendoza sea atractivo», dijo en la reunión, y destacó las «herramientas existentes» para el desarrollo, «como el Fondo de Transformación y Crecimiento y Mendoza Fiduciaria», ambos organismos financieros oficiales. «Lo más importante que tiene Mendoza es su recurso humano altamente capacitado por sus 7 universidades y sus 70 escuelas técnicas», detalló. Y agregó: «También estamos desarrollando un polo TIC (tecnología, información y comunicación) que va a tener 40 empresas en el desarrollo de software mendocino».
Lo cierto es que el fin del régimen de Promoción Industrial es un logro importante para la provincia, pero también es un desafío: a partir de la igualdad de condiciones con las provincias vecinas queda por ver si la infraestructura y el peso de Mendoza en el contexto nacional, más las «herramientas» existentes que ponderó Pérez, sirven para atraer inversiones, ahora sin la excusa de un sistema contra el que la provincia despotricó durante casi 34 años.
PERJUICIOS
Según estudios privados, al año 2009, el régimen de Promoción Industrial causó un perjuicio de unos 15 mil millones de pesos a Mendoza. Los datos corresponden a un trabajo del Consejo Empresario Mendocino, que se ha ido actualizando, pero que vio la luz por primera vez a finales de los 90, cuando se hablaba de un perjuicio de unos 10 mil millones de pesos/dólares de la época. En una movida coordinada, a poco de que la Promoción Industrial se prorrogara, se realizó la presentación de este informe en Mendoza y luego en Buenos Aires. Finalmente, el sistema de prorrogó.
GIOJA Y PACO PÉREZ
El gobernador de San Juan, José Luis Gioja, dijo en una entrevista a radio Colón que a su par mendocino, Francisco Pérez, le pidió que no fuera como el perro del hortelano con relación a la Promoción Industrial. «A mí no me gusta festejar las cosas que le van mal a otro. No es bueno hacer eso, porque, al final, alguien pierde. Ya le dije alguna vez: ‘No hay que hacer la del perro del hortelano; ni comer ni dejar comer, hay que trabajar juntos. Usted tiene que profundizar donde hay más desigualdad, con las medidas que tome. Creo que hay que hacer una ley de promoción económica general para el país'», expresó Gioja.
REPASO
Los regímenes de promoción industrial aparecen en la historia nacional a mediados del siglo XX. La primera ley referida a beneficios fiscales para ciertos distritos con la idea de hacerlos competitivos data de 1944, cuando se hablaba de la importancia alcanzada por la industria nacional. A modo de bálsamo para el sector más poderoso del momento, el agroexportador, el texto de la norma indicaba que la promoción «no obstaculiza la producción agropecuaria», según el economista y escritor Jorge Schavarzer, «haciendo visible las polémicas de la época sobre la supuesta antinomia entre agro e industria en general». En un trabajo de 1987, titulado Promoción Industrial en Argentina, Schavarzer hace un repaso de las numerosas leyes de promoción. La que afectó a Mendoza fue el régimen impuesto a través de la «ley» 21.608, promulgada por el dictador Jorge Rafael Videla y su ministro de Economía, Alfredo Martínez de Hoz, del 23 de junio de 1977. En democracia, el sistema, que primero benefició a San Juan y La Rioja, y luego a San Luis y Catamarca, fue prorrogado varias veces, hasta hora.



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