Empresarios volvieron a quejarse sobre la presión fiscal: la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) advirtió que que 137 municipios de 17 provincias cobran una tasa de Publicidad Interior, y que el gobierno de Mendoza elevó el Impuesto a los Ingresos Brutos.
La entidad criticó sobre la proliferación de tasas municipales y alertó que esa presión fiscal “se suma al aumento de Ingresos Brutos que aplicaron algunas provincias”, perjudicando al sector privado.
De acuerdo con un relevamiento de la Cámara Argentina de Anunciantes, existen 137 municipios que cobran la tasa de Publicidad Interior. Se trata (de manera “inexplicable”, dicen en las empresas) del cobro de un monto a los comercios por la exhibición de publicidades, dentro de la superficie del establecimiento.
“Es algo inentendible que tiene lugar hace años. La ley grava la publicidad en los espacios públicos, pero cómo va a ser en los privados”, declararon las fuentes.
El trabajo que describe la situación fija un escalafón de provincias por la cantidad de comunas que perciben la tasa: Santa Fe, 37 municipios; provincia de Buenos Aires, 33; Misiones, 20; Mendoza, 9; Córdoba y Chaco, 6; Corrientes, Entre Ríos y Jujuy, 4; San Luis y Santiago del Estero, 3 comunas; Salta y Formosa, 2, y finalmente, Neuquén, Río Negro, San Juan y Tucumán, con una comuna.
“Algunos municipios, incluso, desvirtuaron las normas vigentes forzando su interpretación, para continuar exigiendo el cobro de esas tasas, más allá de su poder tributario”, planteó la COPAL.
En el grupo de 33 comunas bonaerenses que cobran Publicidad Interior, se encuentran General Pueyrredón (Mar del Plata); Berazategui; General Rodríguez; San Nicolás; San Pedro; Tres Arroyos; Berisso; Chacabuco; Chivilcoy; General Madariaga; Lobos, y Lincoln.
Mendoza y Tigre
Párrafo aparte, desde el sector privado cuestionaron la decisión de Mendoza por un aumento reciente en el Impuesto a los Ingresos Brutos para las aguas y las cervezas. La alícuota pasó a ser del 6%, e incluso iba a estar situada en el 10 por ciento.
En cuanto al municipio de Tigre, la COPAL fustigó la creación de una tasa por servicios ambientales, para la comercialización de envases no retornables. “El aumento de los impuestos vigentes o la creación de nuevos gravámenes, como el señalado, provocan un significativo problema de competitividad para la industria de alimentos y bebidas”, apuntó la entidad.
Asimismo, como consecuencia del incremento de la presión tributaria, advirtió que esto provoca un impacto en los precios de los productos, la gran mayoría de consumo masivo, como son los alimentos.
En materia de gestión ambiental, la COPAL señaló la necesidad de contar con una ley nacional, que regule la disposición y el tratamiento de los envases y embalajes. Esto neutralizaría, reduciría o minimizaría el daño al medio ambiente. De esta manera, se contaría con un marco legal homogéneo para todo el país.
“La creación de tasas municipales es una tendencia que se está generalizando y se suma al aumento en ingresos brutos que han realizado algunas provincias para el presente año fiscal. Esta situación lleva la presión fiscal a límites insostenibles”, alertó la COPAL, cuyo presidente es Daniel Funes de Rioja, uno de los vicepresidentes de la Unión Industrial Argentina (UIA).
Arbitrariedad
La cámara sostuvo que con un marco legal homogéneo para todo el país se evitaría que cada jurisdicción decida unilateralmente la creación de tasas o impuestos a la comercialización, lo cual es evaluado como una arbitrariedad.
La COPAL recordó que “en otros países existen normas que permiten quitar de la corriente de residuos sólidos domiciliarios, a todos los envases y embalajes para su reciclado y posterior conversión en nuevos productos”.
En el ámbito del Congreso se está analizando un proyecto al que la industria de alimentos y bebidas adhiere, con el fin de contar con una ley de envases y embalajes, que permita alcanzar niveles de recuperación de materiales, similares al de los países más desarrollados.
Otra de las tasas más problemáticas, en esta ocasión no mencionada por la entidad, es la llamada de Abasto, que grava el tránsito de mercadería por un territorio municipal.
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